El Banco Mundial acaba de publicar su informe Doing Business 2015. Este estudio analiza el entorno regulatorio que se encuentran las empresas en 189 países. España ocupa el puesto 33 del ranking, un puesto por delante del resultado obtenido el pasado año.
Nuestro país viene de mejorar notablemente en dos de los parámetros analizados: el de proteger a inversores minoritarios y el de procedimientos tributarios. En la primera de estas variables, el salto interanual lleva a España del puesto 44 al 29; en la segunda, el avance va del número 79 de la lista a la posición 60.
Mucho peor que en la OCDE
Según el informe, son necesarios siete procesos y catorce días para poner en marcha una empresa. En la OCDE, estos indicadores son mucho menores: de media, cinco procesos y ocho días. Algo parecido ocurre con el coste que es necesario asumir (5% del ingreso per cápita frente a 3% en la OCDE) o la aportación mínima de capital (13% del ingreso per cápita frente a 10% en la OCDE).
Tampoco ayuda al resultado logrado por España lo complejo que es recibir permisos de construcción. El número de procedimientos es similar al que nos encontramos en la OCDE, pero el número de días es mucho mayor: 205 en nuestro caso frente a 152 en el resto de países desarrollados. Por otro lado, el coste de los permisos que es necesario asumir en España supone un 5,2% del valor inmobiliario en cuestión, por encima del 1,7% que observamos en la OCDE.
Otra variable en la que España tiene margen de mejora es la del cumplimiento de contratos. Tanto en 2015 como en 2016, el puesto en el que se queda nuestro país es el número 39. El informe también plantea otras categorías: en obtención de crédito, España se queda en el puesto 59; en resolución de insolvencia, nuestro país cosecha el escalón 25.