La PAH y otras organizaciones anti-desahucios suelen afirmar que "no se toman medidas" para evitar este problema. También denuncian que "no hay diálogo social ni coordinación política" para abordar este problema.
Otro argumento habitual esgrime que los bancos "no colaboran", que "no hay medidas urgentes para colectivos vulnerables", que los pasos tomados por el gobierno ofrecen "una cobertura insuficiente", que "no se han explorado otros mecanismos de resolución" o que "no hay suficiente vivienda pública" en España.
Sin embargo, este discurso choca con la realidad en numerosos aspectos, tal y como explicamos a continuación.
"No se toman medidas"
El Ministerio de Economía impulsó en 2013 el llamado Fondo Social de Viviendas. Inicialmente, este mecanismo estaba dotado de 5.892 residencias a las que podían acceder familias en situación muy vulnerable. Posteriormente, el parque se amplió a 9.866 viviendas.
"No hay diálogo ni coordinación"
El FSV fue coordinado por el gobierno con el sector financiero, además de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) o la Plataforma del Tercer Sector (organismo que representa a 29.000 entidades sociales que prestan asistencia a cinco millones de españoles).
"No hay colaboración de los bancos"
El sector financiero ha participado en el desarrollo de FSV a través de organizaciones sectoriales como la AEB, la AHE, la CECA o la UNACC. Además, hay 29 entidades financieras con las que se han firmado acuerdos: Bankia, BBVA, CaixaBank, ING, Banco Popular, Banco Sabadell, Banco Santander...
"No se atiende a los vulnerables"
El alquiler del FSV se fijó entre los 150 y los 400 euros mensuales, añadiendo además un tope que limitaba el pago máximo al 30% de los ingresos del hogar. El programa se aplica a los siguientes casos de vulnerabilidad:
- Personas que perdieron su vivienda habitual por impago de hipotecas, incluyendo a quienes acordaron la dación en pago.
- Familias numerosas con capacidad económica reducida.
- Deudores en desempleo que han agotado todas las prestaciones
- Víctimas de violencia de género.
- Personas que cuenten con un informe de los servicios sociales que acrediten que el acceso a vivienda es un activo indispensable para su inclusión social.
- Dependientes o discapacitados.
- Prejubilados o jubilados que hayan avalado con su vivienda a hijos o nietas.
"No hay cobertura suficiente"
De acuerdo con las cifras oficiales del FSV, aunque se ofertaron casi 6.000 viviendas dentro de la primera fase de este programa, el número total de solicitudes fue de algo menos de 1.500. A lo largo de 2015, se habrían dado otras 500 más, ya que el Ministerio de Economía tasa el total de viviendas adjudicadas en el entorno de las 2.000. Por tanto, aunque hay casi 10.000 viviendas movilizadas, la demanda real es un 80% inferior y la cobertura es claramente suficiente.
"No se exploran otros mecanismos de resolución"
En 2012 se puso en marcha el Código de Buenas Prácticas, a través del cual se han registrado 37.416 solicitudes. A esto se suma la Ley 1/2013 de 14 de mayo así como el Real Decreto Ley 1/2015 de Mecanismo de Segunda Oportunidad.
El bagaje de este nuevo marco es el siguiente:
- 13.000 lanzamientos fueron paralizados, con el consecuente freno a los desahucios que se derivaban de estas decisiones judiciales.
- 12.650 contratos de deuda se han renegociado, culminando en acuerdos viables para los afectados.
- 3.843 casos se zanjaron con la aplicación pactada de una "dación en pago", que conduce a la extinción de la deuda.
- 6 disputas se resolvieron con quitas del pasivo asumido por los afectados.
En suma, alrededor de 30.000 casos han sido gestionados a través del Código de Buenas Prácticas. El mecanismo ha ido a más con el paso de los años: en 2014, el número de reestructuraciones de deuda fue un 275% superior al del año anterior, mientras que en daciones en pago se observó un aumento del 215%.
"No hay suficiente vivienda pública"
Como ha explicado Libre Mercado, el 70% de los demandantes de vivienda protegida renuncia al piso adjudicado. Por tanto, la demanda de vivienda pública está claramente inflada, ya que solamente un 30% de quienes la solicitan tienen realmente una necesidad de acceder a estos pisos.
A esto se suma el enorme parque público de viviendas que no está utilizado:
- Solamente en Cataluña hay más de 1.200 residencias en esta situación, con más de 400 en Barcelona.
- Otro ejemplo lo tenemos en Andalucía: solamente la Empresa Pública de Suelo tenía más de 5.000 pisos vacíos a finales de 2012; considerando también a las diputaciones y los Ayuntamientos, la Asociación de Promotores y Constructores de Málaga cree que el total de viviendas vacías superaría las 60.000.