Los datos de la Intervención General para el primer semestre del año confirmaron que solamente una de las quince regiones del régimen común ha logrado un superávit presupuestario. Desde entonces, el Ministerio de Hacienda ha redoblado sus esfuerzos para exigir a los gobiernos autonómicos que tomen medidas para no incumplir el déficit.
Este pulso a los distintos Ejecutivos regionales vuelve a poner encima de la mesa las dudas sobre el cumplimiento de las metas presupuestarias que había acordado el gobierno de España con la Comisión Europea. Desde Moncloa se insiste en que el descuadre no superará el 4,2% del PIB, al contrario de lo que espera Bruselas.
En cualquier caso, si finalmente hay problemas para cumplir con las autoridades comunitarias, todo apunta a que el descuadre fiscal estará ligado a una desviación en las cuentas autonómicas.
Los datos de la Intervención General para el primer semestre muestran que hay cinco territorios en los que el déficit ha ido a más en términos interanuales. Por otro lado, cuando se analiza la cifra total de déficit autonómico del periodo enero-junio nos encontramos con un descuadre acumulado del 0,73% del PIB, superando ya el objetivo anual del 0,7%.
Por este motivo, el Ministerio de Hacienda ha redoblado sus esfuerzos en los últimos meses, con ánimo de corregir las desviaciones que se vienen observando.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria, en acción
La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera podría entrar en acción como aliada del Gobierno de la nación ante los territorios incumplidores. Dicha norma recoge en su artículo 20 las "medidas automáticas de corrección" con las que Hacienda puede intervenir las cuentas de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
Hay cinco claves que explican este mecanismo:
- El punto 1 de este artículo estipula que "si existe incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, todas las operaciones de endeudamiento de la Comunidad Autónoma incumplidora precisarán de autorización del Estado en tanto persista el citado incumplimiento".
- La necesidad de autorización por parte del gobierno central se levantaría "una vez que el plan económico-financiero presentado por la Comunidad Autónoma (...) haya sido considerado idóneo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera".
- El punto 3 del artículo 20 también permite a Hacienda tomar el control de "la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios". En concreto, el departamento que dirige Cristóbal Montoro tendría que emitir un informe favorable para que se autorice este tipo de partidas de gasto.
- Otro aspecto a tener en cuenta viene recogido en el quinto epígrafe del artículo 20. Este apartado permite intervenir cuando el periodo medio de pago a proveedores supere los 30 días durante dos meses consecutivos. En este caso, los gobiernos autonómicos se verán obligados a equilibrar cualquier subida del gasto con un ajuste paralelo en otros ámbitos presupuestarios, de manera que no se deteriore la posición fiscal neta.
- De hecho, el sexto punto del artículo 20 apunta que, si el mecanismo anterior no fuese suficiente, Hacienda iniciaría un "procedimiento de retención de los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación", con ánimo de "pagar directamente a los proveedores". La intervención seguiría en pie hasta que la región acumule seis meses consecutivos cumpliendo con sus proveedores dentro de los plazos contemplados en la legislación.
Extremadura, Murcia y Andalucía en la picota
En la primera mitad del presente ejercicio, las autonomías con peores cifras de déficit fueron Extremadura (1,42%), Murcia (1,3%), Andalucía (1,02%), Comunidad Valenciana (1,02%), Aragón (0,95%) y Cataluña (0,76%). Fuera del régimen común, el desempeño de Navarra (1,39%) fue mucho peor que el de País Vasco (0,21%). De hecho, Navarra empeoró sus cifras (1,43% en 2014), mientras que País Vasco las mejoró (0,6%).
¿Déficit oculto?
Hasta aquí las cifras oficiales, pero también es importante tocar la cuestión del déficit oculto. No en vano, el Gobierno de España comunicó a Bruselas el pasado 29 de septiembre que el déficit registrado en 2013 fue superior a lo esperado en 1.500 millones.
El grueso de esta desviación emana de Cataluña, que no había recogido correctamente más de 1.300 millones de euros de gasto. También en el Ayuntamiento de Zaragoza se detectó una desviación superior a la que reconocían los libros por valor de 200 millones.
Un as bajo la manga
A pesar de todo lo anterior, Luis de Guindos, se muestra optimista respecto a la posibilidad de cumplir el déficit pactado con Bruselas. El "as bajo la manga" del ministro de Economía sería el aumento de la recaudación tributaria, que permitiría compensar con 8.500 millones una posible desviación de la cifra global de déficit público.