La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dictado una resolución en la que deja sentado que en el proceso de externalización de la gestión de seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid no hubo ninguna infracción de las leyes de competencia. Por tanto: quienes presentaron la denuncia –que en este caso fueron UPyD y el sindicato médico AFEM- mintieron al afirmar que la Comunidad de Madrid había actuado de manera inadecuada.
Tengo que recordar que no es la única decisión que a toro pasado pone las cosas en su sitio y resuelve que el proyecto de externalización de la gestión de varios hospitales públicos de Madrid, ni era ilegal, ni era inconstitucional, ni era perjudicial para los ciudadanos. El pasado mes de abril fue nada menos que el Tribunal Constitucional el que sentenció que la gestión privada de hospitales públicos era tan legal y tan admisible como las otras formas de gestión.
No traigo hoy a mi columna esta nueva decisión que avala la limpieza del proyecto de gestión privada de hospitales públicos para reivindicar mis propios actos. Me siento muy orgulloso de haber hecho lo que creía que se tenía que hacer para que la Sanidad pública estuviera gestionada con mayor respeto hacia los contribuyentes. Lo defendí en un gobierno presidido primero por Esperanza Aguirre, y luego por Ignacio González, que respaldó este proyecto con la fortaleza de las convicciones y el compromiso de hacer lo mejor para los ciudadanos en el peor momento de la crisis.
Si hoy recuerdo estas resoluciones y sentencias que avalan ahora la externalización de la gestión de hospitales es porque entonces, en el fragor de los días de ruido y furia desatados por la izquierda y por la marea precursora de "Podemos" se mintió mucho. Mintieron mucho a la gente. Le dijeron cosas terribles a sabiendas de que eran falsas. Atemorizaron con mentiras a los más vulnerables: los enfermos. Y eso sí que no tiene perdón. Aquella marea de rencor, mentiras y defensa de mezquinos intereses laborales hizo daño a mucha gente y le hizo mucho daño a España.
Llenaron de recursos todos los tribunales que encontraron a su alcance. Tiempo después todos y cada uno de ellos han ido rechazando sus denuncias. Pero bastó que uno dictara una medida de suspensión cautelar para que convirtiera en imposible el intento de hacer una reforma en serio en la Sanidad española, que recuerdo que es uno de los primeros renglones de gasto público en España, muy por encima de todos los demás servicios públicos.
Al hacer imposible esa reforma hicieron improbables muchas otras reformas que España necesita. Tenemos servicios públicos rígidos, anclados en modelos de mediados del siglo pasado, defendidos a capa y espada por sindicatos y por la izquierda más retrógrada que existe en Europa, que es la española.
Estos años pasados debieron haber sido los años de esas reformas. Debieron haber servido para ampliar el campo de la gestión privada, de la competencia y de la libre elección por parte de los usuarios. Todos esos eran pasos en la dirección correcta: hacia una sociedad compuesta por personas más libres y más responsables.
Una marea de mentiras confluyó para decir que lo mejor es no hacer nunca nada, y que todo siga igual que hace cuarenta años. Pues no es verdad. Las reformas liberales hacen falta, y cuanto más tiempo pase hasta que se puedan poner en marcha peor será para los españoles.