El pasado miércoles, tuvieron lugar en Oviedo las Jornadas sobre el Fracking organizadas por la plataforma liberal El Club de los Viernes. Las conferencias, moderadas por Ignacio Blanco, miembro del Club, contaron con las intervenciones de José Antonio Sáenz de Santamaría, geólogo y profesor de la Universidad de Oviedo, y María Jesús Gallego, presidenta de Shale Gas España.
Santamaría se centró en la técnica de producción del gas no convencional y destacó que "la técnica de fracturación no es nada novedosa, lleva practicándose desde comienzos del siglo XX en pozos convencionales sin que ello haya generado ningún tipo de rechazo. Es más, todos los pozos carboníferos son -en algún momento de su vida productiva- fracturados. De hecho, se estima que 10 millones de pozos han sido fracturados en el mundo".
Por ello, alegó que "prohibir el fracking es como prohibir la laparoscopia, es prohibir una técnica, como, de hecho, se ha hecho en Galicia, donde la técnica de fracturación no tiene ninguna aplicabilidad para la extracción de gas ni hidrocarburos, pero donde sí hay grandes posibilidades para la geotermia, una energía limpia, rentable y respetuosa con el medio ambiente, pero que también usa la técnica de la fracturación, motivo por el cual dicha fuente de energía ha sido desechada".
Asimismo, destacó que "no ha habido ni un solo caso en todo el mundo de contaminación de acuíferos. No en vano, la producción de gas no convencional se desarrolla a profundidades de entre 2.000 y 4.000 metros, mientras que los acuíferos se encuentran a unas decenas de metros y raramente por debajo de los 200 metros". Otro de los falsos mitos de la extracción de gases no convencionales es la del impacto visual y la huella superficial, que tachó de ridícula, pues "un pozo tiene el tamaño de una persona".
La gran novedad que ha traído la explotación de los gases e hidrocarburos no convencionales ha sido la de la "democratización de las fuentes de energía, pues se encuentra distribuida por todo el mundo, rompiendo los monopolios energéticos del que hasta ahora venían disfrutando determinadas zonas del planeta" concluyó Santamaría.
Hasta 4 millones de euros por finca
Por su parte, Gallego enfatizó la gran aportación que supondría el fracking para la economía española, en general, para los municipios productores y para los propietarios de las fincas en las que se emplazarían los pozos.
"La aportación potencial del fracking a la economía española equivaldría a unos 40.000 millones de euros". Además, "el impacto sobre el empleo del fracking en España, según estimaciones conservadoras, sería de 260.000 puestos de trabajo, con un gran impacto en las comunidades locales".
Gallego destacó que "el fracking también podría ser una gran fuente de recursos para las Administraciones, pues los ayuntamientos recibirían por cada pozo entre 300.000 y 600.000 euros en concepto de tasas e impuestos locales, más otros 125.000 euros en cánones por cada sondeo exploratorio. Pero es que, además, hasta el 4% del gas no convencional iría repartido entre los municipios y comunidades autónomas en concepto de impuesto a la producción". Mientras, los propietarios de las fincas recibirían el 1% de la producción, entre 2 y 4 millones de euros por emplazamiento.
"España es tercer país con la energía más cara para el consumidor doméstico, tan sólo por detrás de dos islas: Irlanda y Malta. Y el cuarto más caro para el consumidor industrial", por el contrario, gracias a la extracción no convencional, EEUU ha logrado bajar precio del gas un 70% en 5 años y ser energéticamente autosuficientes, explicó Gallego. Mientras tanto, el precio en la Unión Europea es casi cuatro veces mayor que en EEUU.
En definitiva, "nos encontramos ante una técnica limpia, segura y sobradamente testada, que permitiría explotar unas importantes reservas energéticas a día de hoy en desuso y que, a su vez, tendría un extraordinario impacto en la economía española, tanto a nivel macroeconómico (balanza de pagos, déficit comercial, PIB, déficit y deuda pública, etc.) como a nivel calle: empleo, actividad económica, renta per cápita, etc. Rechazarlo por infundados prejuicios ideológicos, no es sólo una irresponsabilidad, es una estupidez", remató Ignacio Blanco.