La Unión Europea contará desde enero de 2016 con nuevos sistemas de control para medir "en condiciones reales" las emisiones contaminantes de los vehículos a motor y sustituir así las pruebas en laboratorio que se realizan en la actualidad y que las instituciones europeas saben al menos desde 2010 que ofrecen datos que "difieren", según han informado fuentes comunitarias.
"La Comisión Europea trabaja en nuevos test, robustos, que reflejen las condiciones reales de conducción y no las de un laboratorio", indican las fuentes. Así explican que el Ejecutivo comunitario esté trabajando desde 2010 en cambios en la legislación comunitaria para mejorar las condiciones e indican que los resultados en uno y otro escenario difieren hasta en un 20%, aunque no lo consideran un fraude.
Los Veintiocho ya dieron el pasado mes de mayo luz verde a un primer paquete legislativo que permitirá introducir los nuevos test en "condiciones reales" a partir del próximo 1 de enero de 2016. Sin embargo, de momento se realizarán para medir los límites actuales, ya que las negociaciones para revisar estos topes están en marcha y se espera que se alarguen hasta final de año.
Ello permitirá, según estimaciones de Bruselas, que las nuevas exigencias en materia de emisiones se empiecen a introducir de manera progresiva a partir de finales de 2017 y sólo un año después, en otoño de 2018, se apliquen a todos los modelos nuevos en el mercado europeo.
Hay varias investigaciones en curso en distintos Estados miembros a raíz del escándalo de manipulación en los motores de varios modelos de Volkswagen en Estados Unidos, para evitar que los test oficiales detectaran su verdadero nivel de emisiones contaminantes.
Examinar "todas las marcas"
Desde el Ejecutivo comunitario evitan concretar cuántas investigaciones están en marcha, aunque Francia, Alemania e Italia han informado de ello. Con todo, a juicio de Bruselas estas investigaciones deben llevarse a cabo en "todos" los países de la Unión Europea e incluir "todas las marcas", para medir el alcance del fraude.
En cualquier caso, las voces oficiales de la Comisión Europea recalcan que son los Estados miembros quienes pueden tomar acciones contra los infractores, ya que se trata de competencias nacionales. La Unión Europea determina los límites de emisiones y los métodos de control, pero no puede perseguir a los fabricantes, ya que la vigilancia del cumplimiento de las normas recae en las autoridades de cada país.
La portavoz comunitaria en materia de Competencia, Lucía Caudet, ya dijo el jueves que Bruselas "invita a todos los Estados miembros a investigar" la situación y se ofrece como coordinador para el intercambio de información entre ellos.
Los Veintiocho podrán abordar las consecuencias de este escándalo en el mercado comunitario el próximo día 1, cuando está previsto un consejo de ministros de Competencia en el que, a petición de Bruselas, se ha incluido la manipulación de las emisiones contaminantes de vehículos en el orden del día.
Además, el comité técnico de vehículos a motor de la UE, en el que están representados a nivel técnico los Estados miembros y en el que se toman las decisiones legislativas, también examinará la información recabada por los Estados miembros en un encuentro en Bruselas el día 6.
Las consecuencias de este fraude no se limitan al incumplimiento de normas, advierten las fuentes comunitarias, ya que se impacto debe medirse también por las consecuencias para la salud y para el medio ambiente que pueda tener. "Se trata de contaminantes que no son buenos ni para la salud humana ni para el medio ambiente", explican las fuentes.
Los Veintiocho también tendrán que evaluar cuáles deben ser las medidas "apropiadas" si se confirma el fraude a gran escala, que podrían ir desde "sanciones" a los fabricantes hasta la "retirada" de determinados modelos, advierten los expertos de la UE.