Mal estuvo que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, nombrara directora de comunicación a Águeda Bañón, una activista post-porno célebre por fotografiarse orinando en plena calle. Pero peor está que haya decidido orinarse, valga la expresión, en una institución tan básica del Estado de Derecho y tan esencial para la prosperidad social como el derecho de propiedad. No otra cosa implica su decisión de imponer 12 multas, de 5.000 euros cada una, a tres bancos por llevar más de dos años con pisos vacíos.
En rueda de prensa, Colau ha explicado que aunque el primer aviso es de 5.000 euros, están previstos un segundo y un tercero, de 10.000 y de 15.000 o 18.000 euros. De hecho, el Ayuntamiento de la Ciudad Condal podría elevar la sanción hasta el medio millón de euros si, después de esas tres multas, las viviendas continuasen vacías.
Ni que decir tiene que la alcaldesa ha justificado este atropello con la loable pretensión de favorecer el acceso a la vivienda. Pero el fin no justifica los medios. Los bancos son los propietarios de esos pisos y han de hacer con ellos lo que estimen oportuno. Cosa distinta sería, pero también sujeta a análisis, que las sanciones se aplicaran a viviendas vacías de protección oficial, costeadas por el contribuyente. Pero desde luego que no es el caso.
Los bancos no se dedican a coleccionar viviendas. Si las tienen desocupadas es porque no encuentran inquilinos o compradores que hagan rentable (o segura) su venta o alquiler. Si Ada Colau quiere de verdad promover el mercado de alquiler y venta de viviendas, lo primero que debe hacer es dejar de socavar la seguridad jurídica con arbitrarios decretos antidesahucios, apoyos al bárbaro movimiento okupa o multas totalmente improcedentes.
El derecho de propiedad asiste tanto a las personas físicas como a las jurídicas. Hoy los populistas multan a un banco por lo que hace o deja de hacer con lo que es suyo. Pero mañana estas injustas y demagógicas sanciones pueden ir contra los particulares.
Confiemos en que los más altos tribunales pongan fin a este atropello jurídico, tal y como hizo el Constitucional al rechazar la pretensión de la Junta de Andalucía de expropiar las viviendas vacías. En caso contrario, el orín de la demagogia habrá logrado algo peor que ensuciar una calle.