Primero fueron las patronales catalanas, y ahora, hablan las de ámbito estatal. A falta de 20 días para que se celebren las elecciones en Cataluña, los ánimos empiezan a caldearse entre los empresarios. Así lo han expresado el presidente de la CEOE, Juan Rosell, y el de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, en una carta publicada en La Vanguardia.
"Las elecciones del 27 de septiembre son cruciales para el futuro de Cataluña y de España. De la mayoría resultante de los comicios, puede derivar la apertura de un proceso que modificaría radicalmente nuestro sistema institucional y que tendría repercusión directa en las empresas y los trabajadores", así comienza la misiva.
Rosell y Bonet, que firman los dos la carta, matizan que como empresarios, "no queremos, ni debemos, entrar en la discusión política y respetamos escrupulosamente el funcionamiento de las instituciones políticas y la expresión de la voluntad popular". Pero sí "podemos exigir a los partidos políticos que expongan con claridad a la ciudadanía las consecuencias de sus propuestas".
Así, la CEOE y la Cámara de Comercio de España recuerdan que de las 220.000 empresas que suman más de dos millones de trabajadores y los más de 500.000 autónomos en Cataluña están fuertemente interconectados con los del resto de España en sus relaciones comerciales diarias tanto cliente-proveedor como proveedor-cliente.
También, advierten de una de los problemas más graves de la secesión: La salida de Cataluña del Euro y la UE. "Formar parte de una estructura institucional y económica como la Unión Europea y la zona euro proporciona mecanismos de defensa y solidaridad para hacer frente a los problemas. Extrapolando la situación a Cataluña, la pertenencia al Estado español le dota de instrumentos de los que carecería fuera de él. El futuro en mayúsculas es Europa y estamos ya a mitad de camino. No podemos, ni debemos, volver atrás".
"Nadie puede negar que la secesión tendría consecuencias en la actividad económica de Cataluña y es sobre esos efectos concretos sobre los que debería discutirse. Lo que nos preocupa es cómo repercutirían las decisiones políticas en el bienestar económico y social de los catalanes", dicen. "No podemos perdernos en sueños de muy dudosa realización", añaden.
Consecuencias económicas
La primera pregunta que se hacen Rosell y Bonet es qué encaje tendría ese nuevo Estado en la Unión Europea. "Y se debe responder con contundencia y claridad, y con total honestidad, ya que fuera de la UE y el euro la supervivencia se antoja complicada. La Europa de los estados no está pensada para que sus miembros se fragmenten", explican.
"Para empezar, Cataluña quedaría fuera del euro y tendría serios problemas para financiarse porque no podría recurrir al Banco Central Europeo o al Mecanismo Europeo de Estabilidad y sus emisiones de deuda se verían fuertemente penalizadas", advierten.
Vaticinan que las exportaciones catalanas se verían afectadas, "ya que se encarecerían y perderían competitividad. Los productos catalanes que se vendieran en Europa pasarían a estar gravados por la tarifa exterior común que se aplica a los estados no comunitarios y los que se vendieran en terceros países dejarían de beneficiarse de las cláusulas de trato preferencial suscritas por la UE".
También se resentirían las inversiones en Cataluña, "que podrían retraerse en un escenario de inseguridad jurídica y financiera, produciéndose deslocalizaciones, ya que las empresas buscarían enclaves más estables para sus filiales!. Revertir esos procesos sería !largo y complicado porque cuando una zona pierde atractivo (seguridad jurídica, estabilidad política, financiera¿) para los inversores, es difícil recuperarlo. Pensemos simplemente en las multinacionales ubicadas en Catalunya y que dan trabajo, como mínimo, al 10% de los trabajadores. Hay docenas de opciones esperando cualquier despiste de una zona atractiva como es hoy Cataluña!.
"Y todos estos factores se traducirían en una menor actividad económica y, por tanto, menos empleo y unas peores condiciones de vida. El proceso soberanista afectaría particularmente a las pymes, al pequeño comercio y a los autónomos, ya que una reducción de la capacidad de consumo del ciudadano tendría una incidencia directa sobre sus negocios. Podríamos volver a situaciones como las vividas por la crisis de los últimos años".
"La política es el arte del pacto y no un instrumento de enfrentamiento y discordia. Somos muchos los que nos sentimos catalanes, españoles y europeos. Y no queremos renunciar a ninguna de esas tres condiciones", concluyen.