Es un tema políticamente sensible. Ningún político querrá entrar nunca en detalle. Porque además, es complicado (por no decir imposible) de explicar sin meterse en un charco. Pero los datos están ahí: el absentismo en España se desplomó con la crisis y está despuntando con la recuperación. Vamos, que hay más enfermos cuando la economía va bien. O viéndolo desde el lado contrario, cuando el miedo a perder el empleo se dispara, las bajas médicas se desploman.
En teoría, una cosa y otra no deberían tener nada que ver. Se supone que hay controles con el objetivo de que las bajas sean consecuencia de una enfermedad real. Pero la realidad es tozuda. En diciembre de 2007, por ejemplo, el número de procesos en vigor por contingencias comunes superaba los 525.000. En diciembre de 2012, esa cifra había caído hasta los 281.000. Desde entonces, comenzó el repunte y en mayo de este año llegaba a los 393.918.
Esto tiene implicaciones en él día a día de las empresas y la productividad de nuestra economía, ese factor del que todo el mundo habla, pero que al final queda siempre en un segundo plano. Pero también tiene un coste en términos estrictamente económicos. En principio, serán las mutuas las que asuman la factura. Pero cuidado, desde el sector se recuerda que los gastos se están disparando y que la Seguridad Social se comprometió a incrementar la financiación de las entidades que entraran en pérdidas. Hablamos de hsata 330 millones de sobrecoste que podría tener que asumir el instituto público.
Según denuncia El Club de los Viernes, un think tank liberal asturiano de reciente creación, "la previsión es que en 2015 prácticamente todas las mutuas entren en pérdidas en la gestión de las bajas médicas por contingencias comunes, por lo que el sobrecoste para la Seguridad Social del desarme de las mutuas podría llegar a los 330 millones de euros anuales".
La clave está en la Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social que publicó el BOE de 25 de agosto del pasado año. Según aquella disposición, se establecían una serie de criterios para que las mutuas en dificultades financieras recibieran un 10% de recursos adicionales de la Seguridad Social: "Si las mutuas perciben el 0,05 de las cotizaciones empresariales por contingencias comunes y el 0,03 de las de los autónomos por asumir la gestión de las bajas médicas, aquellas que se encuentren en dificultades podrán percibir –respectivamente- un 0,005 y 0,003 adicional". Es ese porcentaje adicional el que podría que poner encima de la mesa para cubrir los números rojos de las mutuas.
Desde el sector, además, se elevan varias quejas contra el Gobierno, al que se responsabiliza de esta situación. Entre otras cosas, se recuerda que ha incumplido sus promesas acerca del cambio legislativo que había previsto en lo que concierne a las altas en las contingencias comunes. A lo largo del pasado año se habló mucho del tema y del enfrentamiento entre los ministerios de Empleo y Sanidad. La idea era que las mutuas pudieran dar el alta médica o, en su defecto, que pudieran proponer el alta a los servicios médicos del sistema público y que el silencio de estos servicios médicos tuviera efectos positivos.
Al final, ni una cosa ni la otra. El proceso se agiliza y las mutuas tendrán algunas herramientas más en su mano para soliciar el alta. Además, los plazos se acortan. Pero la última palabra sigue siendo la del médico del sistema público. Ni siquiera han conseguido que se aplique la regla del silencio positivo (es decir, que si la mutua pide el alta y no se dice nada en contra, se conceda esa alta). Mientras la crisis mantenía el absentismo bajo control, se hablaba menos de este tema. Ahora, con el número de bajas de nuevo al alza, vuelven las dificultades financieras para las mutuas.
Para los autores del informe del Club de los Viernes, la solución está en reducir el intervencionismo de un sector que, aunque privado en la práctica, funciona como un mero apéndice de los servicios públicos: "El Gobierno del Partido Popular está aun a tiempo de reaccionar, desandar el camino socializante emprendido y apostar por unas reformas atrevidas y modernas que apunten hacia la liberalización de un sector que mucho podría aportar a la mejora de la competitividad de las empresas españolas, así como a la mejora de las coberturas, de la atención sanitaria y la reducción de las listas de espera de los trabajadores".