Siguiendo la senda electoralista de las últimas semanas, el Gobierno acaba de abrir la puerta a la restitución de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares presentes en España, cuya eliminación fue aprobada en 2012. La anterior ministra de Sanidad, Ana Mato, adoptó esta medida para reducir el gran agujero presupuestario que, por entonces, presentaba la Sanidad española.
Desde entonces, lo sin papeles pueden ser atendidos en urgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años. Además, Sanidad se compromete a atender a los pacientes con enfermedades crónicas o graves, y, aunque la atención se intenta facturar al país de origen si existe convenio de colaboración, el inmigrante es atendido igualmente si el médico considera que existe un riesgo vital para su salud.
El Gobierno baraja ahora dar marcha atrás a esta medida. Su coste ascendería a cerca de 500 millones de euros al año, informa elEconomista. Pero, en tal caso, la UE exigirá a España que no haga distinción por nacionalidad, lo que se traduciría en devolver también la tarjeta a todos los europeos residentes, de modo que el gasto sanitario subiría hasta un total de 1.000 millones de euros extra al año.