El gobernador del Banco de España, Luis Linde, levantó polémica el pasado mes de junio tras advertir a los jóvenes que deberían empezar a ahorrar para su futura jubilación, ya que "la pensión media será cada vez menor de forma inevitable". Sus declaraciones cosecharon duras críticas por parte de todos los partidos políticos, incluido el propio PP, que, una vez más , negó la mayor, afirmando que la sostenibilidad del actual sistema público de reparto está garantizada.
Linde, sin embargo, tenía -y tiene- razón, tal y como avanzó Libre Mercado. Tanto es así que, apenas dos meses después, el Gobierno avanzaba la posibilidad de aprobar una nueva reforma de las pensiones en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016. La idea consiste ahora en financiar con impuestos una parte de las pensiones contributivas, cuyo coste se cubre hoy mediante cotizaciones sociales.
Dicho y hecho. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, explicó el miércoles en el Congreso la necesidad de abrir el debate, dentro del Pacto de Toledo, sobre qué pensiones deben encuadrarse en el régimen contributivo y cuáles no.
Tras intervenir en la Comisión de Presupuestos del Congreso, Burgos afirmó que las pensiones de jubilación e incapacidad "parece que tienen condiciones" para mantenerlas como prestaciones "esencialmente contributivas" y que, por tanto, la discusión podría centrarse en las pensiones de muerte y supervivencia.
Así pues, la intención del PP es que las pensiones de viudedad y orfandad, financiadas hoy mediante cotizaciones, pasen a ser no contributivas, y, de este modo, se paguen con impuestos, es decir, vía Presupuestos Generales del Estado. El coste actual de las pensiones de viudedad, orfandad y de familiares ronda los 24.000 millones de euros al año (2,5 puntos del PIB). Así pues, dicha medida supondría un nuevo hachazo fiscal a los contribuyentes por valor de 24.000 millones de euros, bien con impuestos presentes (PGE) o futuros (más deuda).
El Gobierno se escuda en que ese impuestazo se compensaría, parcialmente, mediante una rebaja en las cotizaciones sociales, pero, en el fondo, es hacerse trampas al solitario, ya que el sistema sigue siendo insostenible financieramente a largo plazo, de modo que supondría, simplemente, un nuevo y costoso parche para alargar algunos años extra la vigencia del actual sistema de reparto.
No en vano, en los últimos 30 años, se ha pasado de un sistema que exigía 10 años cotizados a 37 para cobrar el 100% de la pensión; que sólo tenía en cuenta los 2 últimos años cotizados para calcular el importe de la pensión a 25; en el que la edad legal de jubilación ha subido de 65 a 67; y en donde una parte creciente de sus gastos (Sanidad, pensiones o contributivas, complementos a mínimos, etc.) se ha ido financiando vía impuestos en lugar de cotizaciones.
Sin embargo, tanto el PP como el resto de partidos siguen apostando por el mismo esquema de fraude piramidal. Todos los políticos coinciden, en mayor o menor medida, en recortar las futuras prestaciones y elevar los impuestos (vía cotizaciones o vía Presupuestos) para sostener el sistema en pie.
Así pues, el actual modelo público condenará a los futuros jubilados a pensiones más bajas en relación con la renta media (o el nivel de vida) que registrará el resto de la sociedad, debido, básicamente, al declive demográfico que sufre España. Y los más perjudicados serán, sin duda, los trabajadores con rentas bajas, con menor capacidad de ahorro para poder complementar sus futuras prestaciones públicas.