Los entusiastas del socialismo del siglo XXI aplaudieron durante años las medidas económicas aprobadas en Venezuela por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. A ambos lados del Atlántico, no faltaron quienes justificaron y celebraron la oleada de expropiaciones y nacionalizaciones decretada por el régimen bolivariano.
No faltaron entonces las advertencias de quienes temían que estas medidas anticapitalistas se tradujesen, en última instancia, en escenarios de hambre y escasez. Sin embargo, estas críticas cayeron en saco roto y la agenda del gobierno siguió avanzando.
El resultado se ha hecho patente con el paso de los años. Según explicó el diario venezolano El Mundo, las expropiaciones de tierras aprobadas por Chávez arrancaron 3,6 millones de hectáreas a cientos de empresas y familias.
En el marco de esta estrategia, el Estado se lanzó también a expropiar y nacionalizar empresas dedicadas a la alimentación. En 2011, el chavismo había expropiado ya casi 100 compañías del ramo, incluida la principal cadena de distribución de Venezuela. La cosa no fue a mejor desde entonces y, en el marco de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria, los ataques contra el sector privado se siguieron sucediendo.
Expropiar sin orden judicial
Los amplios poderes del Ejecutivo venezolano han permitido que esta agenda se haya completado casi sin posibilidad de oposición. De hecho, las expropiaciones en el sector agrícola-alimentario se hacen sin necesidad de orden judicial, en el marco de las leyes aprobadas por el chavismo. Cadenas como Cada, Éxito, Los Andes o Cargill han pasado de esta forma a estar bajo la gestión del régimen.
Hay dos casos paradigmáticos de lo que ha supuesto esto:
- Por un lado está el ejemplo de Agroisleña. Este grupo era el principal proveedor de semillar y productos químicos para las explotaciones agrícolas del país. La compañía ofrecía maquinaria, consultoría, apoyo técnico y financiación a miles de pequeños proveedores del sector. No obstante, una vez ha sido nacionalizada, su gestión se ha convertido en un nefasto monopolio marcado por la escasez y la ineficiencia. Como muestra, un botón: como consecuencia del mal funcionamiento de Agroisleña, se estima que ha caído un 40% la superficie total dedicada al cultivo del arroz.
- Por otro lado está el ejemplo de la Hacienda Bolívar, una de las 47 fincas de la provincia del Zulia que fueron expropiadas por Chávez a finales de 2010. Según un informe del International Crisis Group, esta explotación de 4.000 hectáreas tenía bajo gestión 8.000 cabezas de ganado vacuno. Tras su paso a manos públicas, la producción ha colapsado y parte de los terrenos han sido tomados por "okupas". En cuanto a la leche generada en la explotación, la cuota diaria se desplomó de 5.000 a 75 litros diarios entre 2010 y 2014. Si nos fijamos en la cabaña de animales, ocurre algo parecido: se pasó de 8.000 a 3.600 cabezas de ganado en apenas cuatro años. A esto se suman las precarias condiciones laborales: aunque Chávez expropió estas granjas "para luchar contra la esclavitud", lo cierto es que los trabajadores llevan casi medio año sin cobrar.
Ante semejante panorama, no es de extrañar que la producción agrícola se haya resentido. En el sector cárnico, por ejemplo, la producción se ha desplomado más de un 30%, por lo que Venezuela ha pasado de ser exportador a importador neto. En cuanto a la producción de pollo, se estima que los niveles actuales se quedan cortos en 50.000 toneladas ¡al mes!
Algunas voces próximas al régimen reconocen el desplome pero lo achacan a la caída en los precios del petróleo. Sin embargo, las importaciones per cápita de alimentos ya iban en aumento mucho antes de que esto ocurriese. Entre 2000 y 2010, pasaron de 66 a 134 dólares.
Pero ni siquiera acudiendo al mercado exterior se solucionan los problemas que atraviesa Venezuela. Por ejemplo, Empresas Polar declaró que su operativa estaba en riesgo de quiebra por la imposibilidad de pagar a sus proveedores en el extranjero. La sociedad denunció que el régimen no le cambiaba bolívares equivalentes a 530 millones de dólares, impidiendo la regularización de estos pagos. Esta imposibilidad de comerciar con el resto del mundo explica que la inversión en el país se haya desplomado un 95%, lo que complica más aún el acceso a capital con el que financiar importaciones de alimentos.
Considerando todo lo anterior, y teniendo en cuenta que Venezuela sufre hiperinflación y enfrenta un desabastecimiento del 60%, resulta fácil de entender por qué el país que hoy gobierna Nicolás Maduro ha vivido un auténtico colapso socioeconómico en los últimos años.