El Estado ya posee el 50,31% de la deuda de la Generalidad y es, por tanto, su primer acreedor, según datos del Banco de España recopilados por Efe.
En total, la deuda en manos del Estado suma 32.661 millones de euros de un total de 64.792 millones, que es la deuda que sumaba la Generalidad en marzo de 2015, los últimos datos disponibles. El peso del Estado en la deuda de la Generalidad se ha aumentado considerablemente durante la crisis, debido a la imposibilidad de la Generalidad de acceder a los mercados financieros.
De hecho, en marzo de 2012, el Estado poseía tan solo 2.020 millones de euros del pasivo de la Generalidad. Ese año el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, reivindicó la puesta en marcha de los llamados 'hispabonos', una especie de emisiones conjuntas de deuda del Estado y las comunidades con la garantía del Tesoro Público.
Finalmente, y debido a las dificultades de liquidez de las comunidades, el Gobierno acabó habilitando el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Ante la imposibilidad de financiarse directamente en los mercados, la Generalidad optó desde un principio por acudir al FLA, un mecanismo de liquidez por el cual el Estado emitía deuda y luego prestaba la financiación obtenida a las comunidades adheridas.
El recurso a ese fondo y al plan de pago a proveedores ha hecho que el Estado, a través del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, haya acabado controlando un 50,31% del pasivo de esta comunidad autónoma.
En cuanto al resto de la deuda de Cataluña, 12.525 millones (19,33 % del total) corresponden a préstamos, tanto a largo como a corto plazo, de instituciones financieras nacionales, mientras que otros 6.669 millones (10,29 % del total) corresponden a préstamos de instituciones financieras internacionales. Por otra parte, la deuda de la Generalidad que está en circulación, como fruto de emisiones de la administración catalana, supone un total de 10.306 millones de euros, lo que representa el 15,90 % del pasivo.
El pasado 15 de julio Mas-Colell aseguró que la dependencia de Cataluña del FLA hacía que, en la práctica, la administración catalana estuviera "intervenida". "No tenemos a tres, a la troika, pero tenemos a uno", aseguró el consejero. Esta situación de máxima dependencia en lo financiero de Cataluña respecto a España ha coincidido con el debate secesionista abierto en Cataluña, y en este escenario político de fondo los independentistas han llegado a plantear también el hipotético debate sobre el reparto de la deuda.
En julio, durante el último pleno del Parlamento catalán, el presidente Artur Mas invitó al Gobierno a sentarse a negociar de manera "civilizada" con Cataluña después de las elecciones del 27 de septiembre. En dicha intervención, Mas insinuó también que al Gobierno español le interesaría negociar para poder pactar con una eventual Cataluña independiente el reparto de la deuda del Estado. "Las instituciones catalanas tienen una deuda de unos 60.000 millones de euros. Si fuéramos independientes tendríamos una de las más bajas de la Unión Europea, a no ser que el Estado quiera pactar, porque una parte de la deuda (la del Estado) caería en nuestras espaldas", aseguró Mas, especulando sobre ese escenario.