Es muy pronto para saber si el default de Grecia y la implosión de su economía terminará hundiendo el euro o hasta la propia Unión Europea (UE). Todavía existe la posibilidad de que la UE negocie un rescate financiero con la esperanza de que esta vez se harán ajustes que produzcan crecimiento.
Lo que sí podemos afirmar es que, bajo cualquier escenario, el costo de las malas políticas griegas –que han reducido la economía en un 24% y producido un desempleo del 25%– seguirá siendo alto a corto y medio plazo. Si eventualmente se recupera Grecia, la mala noticia es que tal mejoría seguramente no durará, ya que su crisis ha sido causada por un problema que aflige a la mayoría de los países ricos: el insostenible Estado benefactor, que genera crecientes y astronómicas deudas que serán supuestamente pagadas por las generaciones futuras.
En el corazón de la crisis de la deuda griega está su sistema público de pensiones, que obliga al Estado a gastar el 17,5% del PIB en prestaciones. Como en buena parte del mundo rico, las pensiones públicas griegas representan el principal gasto social, junto con otros como el sanitario. La realidad demográfica pone en peligro estos sistemas. Dado que, bajo el esquema público, el trabajador de hoy paga los beneficios de los jubilados de hoy, las pensiones públicas se vuelven insostenibles en la medida en que hay relativamente más jubilados y menos trabajadores. En Grecia hay cuatro trabajadores por cada tres jubilados. En EEUU, por cada pensionista hay sólo 2,8 trabajadores. Los costos aumentan y las fuentes de financiamiento disminuyen.
Ante esta realidad, la mayoría de los países ricos ha aumentado las contribuciones, reducido las prestaciones o subido la edad de jubilación. También ha aumentado su deuda. Grecia es un caso extremo, pues no ha querido hacer tales ajustes y ha usado los rescates masivos de la UE y del Fondo Monetario Internacional (FMI) para mantener su elevado gasto estatal. Es así que la deuda pública griega ha llegado al 175% del PIB.
Pero ajustar las pensiones públicas no cambia la realidad demográfica ni resuelve el problema de fondo, solo posterga el ajuste hasta el momento en que ya no se pueda ignorar. El problema es enorme. En EEUU, por ejemplo, si se toman en cuenta los gastos sociales comprometidos por el Estado pero para los cuales no hay financiación, la deuda pública implícita llega a ser de alrededor del 400% del PIB, muy por encima de la deuda pública explícita, de alrededor del 100%. Cálculos independientes estiman que las deudas implícitas de los países de la UE promedian más del 400% de sus PIB. Los países ricos claramente viven más allá de sus posibilidades y crean deudas que serán impagables.
Es llamativo que las organizaciones internacionales no mantengan datos sobre las deudas implícitas de los países, a pesar de ser éste un problema importante estudiado por numerosos economistas. Los políticos prefieren seguir prometiendo beneficios y pasando la cuenta a las generaciones venideras. Es la dinámica política propia de los sistemas públicos de pensiones y del elevado gasto público que financia el Estado benefactor. No me cabe duda de que tarde o temprano la realidad hará que los países ricos reemplacen sus sistemas públicos de pensiones con sistemas privados de retiro basados en la inversión (en vez de en el puro gasto), como ya empezó a hacer Suecia. Mientras tanto, la crisis griega es una advertencia para desactivar estas bombas de tiempo. Cuanto antes, mejor.
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