El pleno del Parlamento de Cataluña ha aprobado la reforma de la Ley 7/2007 que regula la Agencia Tributaria autonómica. De esta forma, el gobierno autonómico de Artur Mas cumple su objetivo de "reordenar los cuerpos de personal tributario" para así "adquirir nuevas funciones y desplegar la Hacienda propia".
El objetivo del gabinete de CiU es claro: este cambio legislativo era necesario para construir "estructuras de Estado" en la Administración catalana. La reforma ha sido aprobada con el apoyo del partido de Artur Mas y los votos de ERC y CUP.
El Partido Popular y Ciudadanos se posicionaron en contra del dictamen. Por su parte, tanto el PSC como ICV-EUiA optaron por abstenerse, entre quejas por la no consideración de sus enmiendas parciales.
Hacua una autoridad fiscal única
Con la reforma de la ley, se pretende convertir la Agencia Tributaria de Cataluña en la autoridad fiscal única competente en la gestión y recaudación de tributos gestionados en territorio catalán. La norma ya superó el pasado mes de febrero el debate a la totalidad, al ser rechazadas las enmiendas presentadas por PPC y Ciutadans con los votos de todos los demás grupos de la cámara.
En el articulado de la ley reformada, se prevé la creación de un cuerpo técnico de inspectores tributarios y consolida el ya existente de gestores tributarios, en la línea de dotar a la Agencia Tributaria de Cataluña de los recursos humanos necesarios para asumir de forma progresiva todas las competencias de gestión, inspección y recaudación de impuestos generados en este territorio.
Con este propósito, la ley abre la puerta a la integración voluntaria (mediante convocatoria pública) de funcionarios de otras administraciones públicas pertenecientes a cuerpos con funciones equivalentes. En esencia, esto significa que lo que pretende el gobierno catalán es contar con personal procedente de la Agencia Tributaria del Estado.