La líder de Ahora Madrid y candidata a la alcaldía de la ciudad, Manuela Carmena, ha comenzado su ronda de contactos con los bancos. La entidad elegida para celebrar la primera reunión ha sido Bankia, donde la exjuez se citó ayer miércoles con su presidente, José Ignacio Goirigolzarri.
La principal preocupación de Carmena en materia de vivienda son los desahucios. De hecho, su paralización es una de las medidas económicas estrella de su programa electoral. Aunque la potestad de un Ayuntamiento en esta materia es mínima, la propuesta ha desatado la ira de expertos y propietarios. En su programa, Ahora Madrid afirma que la prohibición de expulsar a alguien de una vivienda afectaría tanto al impago de hipoteca como de alquiler.
Expertos como el cofundador del portal inmobiliario Idealista, Fernando Encinar, han advertido de que la implantación de esta medida en Madrid "haría desaparecer el alquiler en dos semanas". Para el experto, si un propietario no puede recuperar su casa en caso de que sus inquilinos no le paguen la renta, "sacará su vivienda" del mercado y "preferirá tenerla cerrada". Por tanto, en un país donde "dos de cada tres desahucios se producen por el impago del alquiler" y donde los dueños de pisos habían empezado a "perder el miedo a alquilar", las consecuencias serían devastadoras.
El caso de Venezuela es una buena pista para anticipar el desastre. Curiosamente, en 2011, con Hugo Chávez en el Gobierno, Venezuela introdujo una medida similar a la que plantea Ahora Madrid. Tal y como explicó Libre Mercado, la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas de Venezuela estableció entonces que "no se procederá a la ejecución forzosa sin que se garantice el destino habitacional de la parte afectada, por ser éste un derecho de interés social e inherente a toda persona".
"Han asesinado el mercado del alquiler"
Cuatro años después de impedir por ley al propietario que pueda recuperar su vivienda, ya que la alternativa habitacional era muy difícil de encontrar, la realidad actual de Venezuela es que el mercado del alquiler se ha extinguido. Tanto es así, que el 99% de los dueños han optado por no alquilar sus casas, según los datos de la Asociación Nacional de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) de Venezuela.
"Han asesinado el negocio del arrendamiento en nuestro país", explica el coordinador de Apiur, Raimundo Orta, a este periódico. "La suspensión de los desahucios tuvo las consecuencias más nefastas que se podían imaginar para el mercado: dejaron de alquilarse los pisos, se restringieron los préstamos, se dejaron de construir viviendas y los precios se dispararon", asegura.
Orta también denuncia que, como el impago del arriendo no tiene consecuencias, los alquilados tienen más incentivos para no cumplir los contratos. "Y como los propietarios no cobran, los edificios no se mantienen, no se pintan, no hay conserjes, nadie paga la comunidad... El efecto ha sido absolutamente contrario al objetivo de fomentar el mercado del alquiler en Venezuela, que era los que se pretendía", afirma el venezolano.
El coordinador de Apiur cuenta que la Ley sólo contempla la recuperación del piso "si prueban la necesidad de primera vivienda del propietario o de sus familiares con segundo grado de consanguinidad". Orta pone como ejemplo a EEUU, donde existen muy pocas normas regulatorias para el alquiler y donde los precios son mucho más bajos.
"El socialismo en materia inmobiliaria ha sido un auténtico fracaso", declara. El experto afirma que "la esencia del arrendamiento es que sea temporal, y eliminando esto lo que han conseguido es una gran anarquía nacional y una denegación de justicia al propietario".
La escasez de viviendas en el país ha provocado que la única alternativa que les queda a los jóvenes venezolanos que quieren independizarse es "construirse sus propias viviendas a las afueras del centro de las ciudades". Orta asegura que esta situación "trae problemas para la salud, insalubridad, inseguridad y hace proliferar la delincuencia". Los que optan por no instalarse en esta especie de guetos improvisados "tienen que hacinarse en casa de sus padres porque no pueden ni comprar ni alquilar".
Sobre el caso de España, Orta ha clamado por que Madrid "no caiga en la demagogia" de prohibir los desahucios. "!España es un país muy atractivo para la inversión, pero el dinero es muy cobarde y si hay desconfianza el dinero se irá!", añade. "!Que no les engañen, ningún Estado tiene la capacidad de cubrir todas las alternativas habitacionales de sus particulares, la llave la tiene el propietario!", concluye.