90.000 euros de multa. Ésa es la cantidad con la que el Ayuntamiento de Barcelona amenaza a los vecinos que se atrevan a alquilar sus casas o habitaciones a través de las webs de alojamiento turístico (la más conocida es Airbnb). Y no es una amenaza vacía de contenido. Libre Mercado ha tenido acceso a la notificación oficial que el Consistorio ha enviado al propietario de un inmueble por la "infracción del decreto 159/2012 de 20 de noviembre" y en el que le comunica una sanción de hasta 90.000 euros, que podría verse reducida en un 65% (hasta los 31.500 euros) si paga sin preguntar.
La caza del airbenebero se ha recrudecido en los últimos meses en Barcelona. Desde hace años, las diferentes formaciones que han ocupado el Ayuntamiento de la Ciudad Condal han atacado a las viviendas turísticas. Primero en el centro de la ciudad y luego en todo el municipio. Pero ahora se ha ido un paso más allá, especialmente tras las manifestaciones del pasado verano, en las que grupos de vecinos protestaban por el alquiler de viviendas en sus barrios. Para controlar el fenómeno, el Consistorio incluso ha recurrido a las visitas sorpresa a los pisos. De esta forma, el Ayuntamiento ha contratado los servicios de empresas privadas, normalmente dedicadas a las encuestas, para que vayan llamando puerta a puerta en busca del turista ilegal.
Desde la Administración, las excusas preferidas son el llamado turismo de borrachera y la economía sumergida. Se denuncia que estas viviendas no pagan impuestos ni cumplen con la regulación vigente y generan situaciones de tensión con los vecinos, que se quejan de ruidos hasta altas horas de la noche, botellones y suciedad en sus calles, provocado por turistas alojados en estos pisos sin licencia.
Enfrente, las asociaciones de propietarios creen que la Administración actúa al dictado del lobby hotelero y aseguran que la mayoría de los pisos no han recibido ninguna denuncia por ruidos o por la actuación de los turistas alojados en ellos. Y en medio de la guerra están los multados, que no saben cuánto tendrán que pagar, si se hará efectiva la sanción o si llegará a esos temibles 90.000 euros que figuran en la comunicación que les ha llegado a sus casas.
La inspección
La historia, tal y como ha sido relatada a Libre Mercado por un afectado, que no quiere dar a conocer su identidad por miedo a verse perjudicado en la inspección que tiene abierta, es la siguiente:
- El Ayuntamiento ha contratado los servicios de varias empresas privadas para que inspeccionen las casas del centro de la ciudad. Normalmente, se trata de compañías especializadas en la realización de encuestas y estudios de mercado, que cambian en estos días su labor habitual por la búsqueda del apartamento turístico no legal.
- Estas cuadrillas de inspectores (no oficiales) van visitando diferentes comunidades de vecinos y llamando a las puertas. Cuando se les abre la puerta, preguntan a los habitantes del piso qué hacen allí, si tienen un contrato de alquiler o si están de turismo. De hecho, varios propietarios han denunciado que no se limitan a preguntar por el piso en concreto, sino que animan a denunciar a otros vecinos de la misma comunidad que estén alquilando su casa. En varias webs de afectados y propietarios de pisos se conoce como Gestapo a este tipo de inspecciones (en un juego de palabras con el nombre de una de las empresas contratadas, Gesop).
- Nuestro lector asegura que en su caso lo que alquila son habitaciones, puesto que vive en el mismo piso objeto de inspección y multa. Sin embargo, en el momento en el que los inspectores del Ayuntamiento llegaron a su casa, él no estaba. Los que abrieron la puerta fueron dos turistas norteamericanos que se alojaban en aquellos días en su domicilio. Los inspectores les tomaron los datos y les preguntaron cómo se habían puesto en contacto con el propietario (fue a través de Airbnb).
- Unas semanas después de esta visita, llegó la notificación oficial en la que se le notifica la apertura de expediente sancionador por "uso turístico sin licencia en Ciutat Vella". De acuerdo con la Ley 18/2007 de diciembre, "las infracciones graves" como ésta pueden implicar una multa de hasta 90.000 euros.
Las preguntas
No es una cuestión sencilla de resolver. Por un lado, los propietarios de hoteles denuncian que ellos tienen que cumplir con todo tipo de regulaciones y que si los que se anuncian en Airbnb o webs similares no lo hacen, ellos competirán en desigualdad de condiciones. Por otro, resulta llamativo que una ciudad tan turística como Barcelona ponga tantas trabas a una de las iniciativas que más ha hecho por relanzar el turismo en los últimos años. Y en medio de la discusión surgen unas cuantas preguntas sobre la proporcionalidad de medidas y multas:
- Pisos y habitaciones: los afectados aseguran que se les está metiendo a todos en el mismo saco, incluso cuando las situaciones son muy diferentes. Por ejemplo, no es igual alquilar un piso entero que subarrendar una habitación. Las leyes que se aplican a uno y otro caso son distintas, pero la aproximación de las inspecciones y las multas, aseguran, acaban igualándoles a todos.
- ¿Desprotección del propietario?: es un tema delicado. Algunas de las multas les están llegando a los propietarios, aunque quien está alquilando las habitaciones es su inquilino. De esta forma, se impone un deber de vigilancia al dueño casi imposible de cumplir.
- Inspectores privados: ésta es una queja muy extendida. La labor de búsqueda de pisos se está llevando a cabo por parte de empresas contratadas por el ayuntamiento a tal fin. No son policías ni funcionarios, sino trabajadores de una contrata. ¿Es esto legal? ¿saben las personas que les abren la puerta, sobre todo cuando son extranjeros, que quienes les piden su documentación no son ninguna autoridad?
- Delaciones: quizás el tema más polémico. Los afectados aseguran que los inspectores no se conforman con ir preguntando piso a piso lo que ocurre de puertas para adentro. También piden información por lo que pasa en el resto del edificio. Es decir, se anima a que aquellos propietarios que sí viven en sus casas denuncien a sus vecinos que alquilan sus viviendas o habitaciones.
La versión del Ayuntamiento
Libre Mercado llamó al Ayuntamiento de Barcelona para preguntar acerca de estas inspecciones, su legalidad y las protestas que han podido surgir al respecto. Desde el departamento de Comunicación del consistorio nos atendieron muy amablemente y nos enviaron la siguiente respuesta vía correo electrónico:
De entrada hay que aclarar que las visitas a domicilios particulares a las que se refiere usted no son inspecciones. Se trata de prospecciones previas, trabajos de campo o visualizaciones en las que se verifican previamente los usos que tienen los pisos. En estas visitas se realizan encuestas voluntarias, es decir que los vecinos responden a ellas de manera voluntaria.
Una vez realizada la primera prospección, en caso de detectar alguna situación irregular, es entonces cuando se inicia la intervención y la actuación de los inspectores municipales.
Este método se ha utilizado en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona de forma sistemática desde 2008, y siempre se contrata a la empresa que realiza el trabajo de prospección cumpliendo lo que establece la ley de contratos de la administración pública.
La postura de los propietarios
En los últimos años, han surgido varias asociaciones de propietarios de estos pisos para defenderse de las inspecciones y multas del Ayuntamiento. Libre Mercado ha hablado con Elizabeth Casañas, portavoz y fundadora de la Plataforma Pro Viviendas Turísticas.
- ¿Es legal enviar inspectores privados a un piso particular?: "Lo que no es legal es cómo lo están haciendo. Por ejemplo, si un apartamento tiene licencia turística, a quien le corresponde la inspección es a la Generalidad, no al Ayuntamiento. Pero muchas veces no se identifican y se aprovechan de que en ocasiones quienes les abren la puerta son extranjeros, que no conocen el idioma y tienen miedo de que les esté metiendo en un lío. Ni siquiera tienen por qué ser turistas, muchas veces hablamos de personas que se quedan unos meses. Pero llegan con un tono intimidatorio, con Policía detrás, etc... Y al final les acaban dando los datos. Pero si no vienes con orden judicial no puedes entrar".
- ¿Hay más inspecciones en los últimos años?: "Empezaron con empresas subcontratadas y están contratando más y más personas. Hablamos de cuadrillas de 35-40 personas. Les llaman la Gestapo. Les han tocado la puerta y les preguntan: '¿Usted vive aquí alquilado?' No sólo eso, también preguntan a otros vecinos. Van puerta por puerta preguntando para que denuncien a otros propietarios por alquilar sus viviendas, incluso aunque no haya problemas en ellas".
- ¿Y los sancionados tendrán que pagar 90.000 euros?: "La Administración está jugando a un juego similar al que hicieron en Canarias. Allí hubo gente que perdió las casas. Hay un proceso administrativo y uno judicial, pero el administrativo es más rápido. Y entre que sale o no la sentencia te pueden haber embargado el piso. Están utilizando la herramienta de la multa para generar miedo. No conozco a nadie que haya terminado pagando esa cantidad [los 90.000 euros]. Pero es un tema más psicológico. En cuanto recurres, te lo bajan a 30.000 porque no tienen pruebas suficientes para inculparte. Y al final acaban cerrando un acuerdo por una cantidad menor, quizás de 7.000-8.000 euros porque al fin y al cabo es lo que vas a gastarte en el proceso, en abogados y otros costes".
- ¿Por qué hay gente que se arriesga a la multa y no se saca la licencia para piso turístico?: "Están promoviendo la ilegalidad. No dan licencias. Desde 2005 no dan en el centro de Barcelona y desde 2013 lo han ampliado al resto de la ciudad. Pero hay una demanda por parte de unos turistas que si no, no vendrían. Por ejemplo, una familia con dos-tres hijos puede no tener dinero para un hotel, pero sí para una vivienda turística. Pero han dejado de dar licencias y están endureciendo las inspecciones de los que las tenemos. Por ejemplo, el reglamento dice que tienes que atender las 24 horas del día por teléfono; por lo que, están haciendo llamadas a todas horas, para comprobar que lo coges. Eso sí, no se puede cambiar el uso de la vivienda porque no dan más licencias, pero no paran de construir hoteles. Y también [las cadenas hoteleras] abren más edificios de apartamentos turísticos".