El alquiler de pisos a turistas gracias a plataformas como Airbnb o Homeway vive su mejor momento. A pesar de los esfuerzos del lobby hotelero por impedir su actividad y del exceso regulatorio que han llevado a cabo un gran número de autonomías, sus protagonistas siguen cosechando éxitos.
El último ha sido la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de recurrir la normativa de la Comunidad de Madrid que restringe el funcionamiento de este tipo de negocios. "Aunque la CNMC no tiene capacidad normativa, sí tiene el poder de impugnar alguna norma cuando cree que obstaculiza la competencia efectiva como ha sido el caso de Madrid, que era un obstáculo grave", ha explicado el subdirector de informes de proyectos normativos de la CNMC, Juan Manuel Contreras, en el primer encuentro que organizan todos los protagonistas del sector.
Los puntos más polémicos de la normativa madrileña se encuentran en que el piso no pueda ser utilizado por el propietario como su residencia permanente y que éste tenga que ser arrendado por un mínimo de 5 días, cuando lo más habitual es que los turistas lo alquilen por 2 ó 3 noches.
Desde Competencia admiten que "no es habitual" llevar a cabo un recurso de estas características, pero que, en este caso, "creemos que expulsa del mercado a determinados operadores y que perjudicará a los clientes porque subirán los precios al haber menos competidores".
Frente a las políticas prohibitivas
La jornada ha contado también con la presencia de la Viceconsejera de Turismo de la Comunidad de Madrid, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la European Holiday Home Associaton (EHHA), la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR), así como de las principales plataformas de alquiler vacacional (HomeAway Airbnb o Be Mate). Las amenazas de la regulación del sector y el papel de las plataformas online han sido los temas principales del encuentro.
A pesar de que la Comunidad de Madrid ha implantado una de las normas más restrictivas de España, la responsable de Turismo autonómica ha declarado en su intervención que "las Administraciones cuanto menos estorbemos en las actividades económicas mejor. No todo el decreto es perfecto y acataremos la sentencia" que se produzca tras el recurso de Competencia, indicó.
Entre las asociaciones de apartamentos claman por una normativa adaptada a su actividad, homogénea en toda España y que huya de la sobrerregulación y la prohibición. "Aunque el lobby hotelero nos ve como su competencia, no somos un hotel, por lo que no debemos cumplir sus mismos requisitos para operar. La calidad del servicio no lo da la prohibición, lo da la seguridad jurídica", dice el presidente de (Fevitur), Pablo Zubicaray.
A nivel europeo, desde la EHHA destacan el peso de los apartamentos turísticos en el conjunto del sector. "Los hoteles europeos tienen 11 millones de camas, mientras que el alquiler vacacional tiene 20 millones. Tenemos el doble de de camas que ellos", ha dicho Carlos Villaro. El portavoz del sector en Europa ha asegurado que trabajan con Bruselas por una ley que imponga límites a las regiones y países en su afán prohibitivo.
Las protestas de las plataformas
El popular portal que permite reservar alojamientos de particulares de todos los países del mundo Airbnb ha sido una de las más perjudicadas con la normativa española, que permite a las comunidades autónomas legislar en esta materia según su conveniencia. Tanto es así, que la Generalidad de Cataluña ha llegado a imponer varias multas a la compañía estadounidense por no "legalizar su actividad" en la región. El responsable de asuntos públicos de Airbnb, Ángel Mesado, ha denunciado que la "dispersión de normativas autonómicas" en España supone un perjuicio para su actividad, ya que existen graves "barreras de entrada" en el mercado.
Otro portal de referencia en nuestro país es Homeway. Su director de comunicación, Joseba Cortázar, ha exigido en declaraciones a Libre Mercado una "regulación flexible, que tenga en cuenta la realidad del modelo al que nos referimos".
El portavoz de la compañía ha destacado algunos aspectos comunes que deberían cumplir todas las viviendas de alquiler vacacional. "Como estamos hablando de viviendas, lo que pedimos es que haya requisitos como la cédula de habitabilidad, que exista una comunicación responsable entre propietarios y clientes a través de una especie de registro que corrobore que cumplen con los requisitos de la ley y que esa regulación sea de interés general, es decir, que repercuta en el consumidor legal y no sobre un sector que no tiene nada que ver", dice en referencia a la campaña de críticas que han recibido por parte del sector hotelero.
En este sentido, Cortázar ha asegurado que existe "un intento sistematizado de relacionar la vivienda vacacional con la conflictividad social", equiparándolo con el llamado Turismo de Borrachera. La Comunidad de Madrid ha descartado que existan "denuncias de vecinos ni ningún tipo de conflicto social" en la región. En Barcelona, las quejas por atentados contra la convivencia vecinal han alcanzado el 0,02%.
Sobre la necesidad regulatoria de plataformas como Homeway, Cortázar considera que "la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de Información) ya establece cuál es nuestro papel en la economía, en la que se establece claramente que la responsabilidad de los contenidos que suben a nuestra plataforma es del propietario".
Desde la plataforma de alquiler turístico creen que "si un propietario se da de alta y no cumple con la legislación vigente tiene que responder ante la ley, pero (descubrirlo) no es nuestro papel, es de la Administración. Desde la empresa privada estamos abiertos a colaborar, y nosotros ya tenemos nuestros procesos de transparencia a través de las opiniones de nuestros viajeros, de nuestros sistemas de verificación de la información que se publica y recordando a los usuarios cuáles son sus derechos".