Durante estos años de crisis se ha hablado, y mucho, del rescate público del sistema financiero y su elevada factura para el conjunto de los contribuyentes. Sin embargo, sobre esta polémica cuestión se suelen cometer dos errores fundamentales:
- En primer lugar, que el Estado español no ha salvado bancos privados, sino cajas de ahorros, entidades semipúblicas dirigidas y controladas por políticos y agentes sociales (sindicatos y patronal).
- Y, en segundo término, que el coste de dicha intervención, siendo elevado (unos 50.000 millones de euros en términos netos), no explica, ni mucho menos, el histórico aumento que ha registrado la deuda pública desde el estallido de la crisis (unos 650.000 millones extra desde 2007).
Asimismo, llama la atención que haya pasado desapercibido para la mayoría de la opinión pública otro rescate que, aunque más desconocido, ha resultado mucho más oneroso para el bolsillo de los españoles. Y éste no es otro que el plan de salvación orquestado por el PP para evitar la quiebra de comunidades autónomas y entes locales.
Desde 2012, el Gobierno ha aprobado diversos mecanismos de financiación para cubrir los gastos estructurales y las factura pendientes de la Administración territorial, ahogada por las deudas y muy reticente a acometer los drásticos recortes necesarios para cuadrar sus abultados agujeros presupuestarios. Y ello, a pesar de la supuesta descentralización de las cuestas públicas.
Los más importantes son el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el Plan de Pago a Proveedores, aunque también se han puesto en marcha otras medidas complementarias para paliar la insolvencia de organismos autonómicos y locales.
Pero el dato más relevante es su alto coste para los contribuyentes. La factura del rescate autonómico y municipal asciende a un total de 184.460 millones de euros durante la legislatura (entre 2012 y 2015), según la Estrategia de Política Fiscal publicada el pasado jueves por el Ministerio de Hacienda.
El dinero destinado al FLA entre 2012 y 2014 ronda los 62.800 millones, mientras que el Pago a Proveedores rozó los 42.000 millones de euros. A ello, cabe sumar la línea ICO (5.397 millones) y otras medidas de liquidez por valor de 23.886 millones de euros. En 2015, todos estos mecanismos son sustituidos por un nuevo Fondo de Financiación, cuya cuantía asciende a casi 39.900 millones, y otras medidas complementarias por valor de 10.700 millones, tal y como muestra el siguiente cuadro.
Aunque el FLA y el resto de mecanismos se crearon con carácter temporal para auxiliar a las entidades territoriales con graves problemas de solvencia, finalmente, se han convertido en medidas permanentes. El Gobierno aprobó un decreto a cierre de 2014 para profundizar "en el proceso de mutualización de la deuda de las Comunidades Autónomas y de Entidades Locales", tal y como recoge la Actualización del Programa de Estabilidad 2015-2018 publicado el jueves.
De este modo, el Ejecutivo transformó la naturaleza de estos mecanismos para convertirlos en "un instrumento más de financiación de las Comunidades Autónomas, garantizándose mediante este proceso que las administraciones territoriales puedan financiarse a través del Tesoro Público al menor coste posible". En concreto, creó un mecanismo conjunto de apoyo a la liquidez consistente en el "Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas", así como un "Fondo de Financiación a Entidades Locales", para atender algunas de sus principales necesidades financieras.
Es decir, lo que hizo el Gobierno fue, básicamente, mutualizar la deuda autonómica y local para que todos los contribuyentes españoles paguen de su bolsillo la mala gestión, excesos y desmanes de los políticos territoriales, con independencia de si viven o no en esa autonomía o ayuntamiento, y, por tanto, sin que hayan participado de forma directa en la elección de esos irresponsables gobernantes.
El siguiente gráfico muestra la cuantía del rescate territorial durante la presente legislatura en función de los años y los distintos mecanismos empleados.
La factura total de este masivo plan de salvamento político roza los 185.000 millones entre 2012 y 2015, casi cuatro veces más que el rescate de las cajas de ahorros. De hecho, una parte sustancial del aumento que ha registrado la deuda pública durante este período responde al rescate autonómico y local, una vez excluidas las necesidades de financiación derivadas del déficit presupuestario.
Así, tal y como se observa en el siguiente cuadro, la deuda se ha disparado en casi 30 puntos del PIB entre 2011 y 2015 (más de 300.000 millones de euros), pero de esta cifra unos 12 puntos del PIB corresponderían al FLA y al Plan de Pago a Proveedores (FFPP), mientras que la "recapitalización del sector financiero" apenas representa 3,8 puntos de aumento durante el mismo período.
Esto explica por qué, a pesar de que todas las autonomías han disparado su deuda desde 2011, el dinero que le deben a los mercados crediticios apenas ha crecido, mientras que su deuda pendiente con el Estado (Gobierno central) se ha disparado, tal y como refleja el siguiente gráfico.
Es decir, en lugar de recurrir a los mercados privados para financiarse, el Gobierno ha prestado ingentes cantidades de dinero a autonomías y entes locales haciendo uso del bolsillo de todos los contribuyentes.
El Estado ha sustituido al mercado privado en la financiación territorial, lo cual genera graves incentivos perversos, ya que la devolución, el plazo y la posible condonación de dichos pagos se determinará a partir de ahora por criterios políticos (Gobierno central de PP o PSOE, por ejemplo, perdonando deudas o evitando ajustes a entes en manos de éstas u otras formaciones por motivos políticos a costa, eso sí, del siempre sufrido contribuyente).