"Acabaremos con el fraude fiscal". En el manual del candidato español, ésta es la primera frase. Todos los partidos, de Podemos a Ciudadanos, pasando por el PP o el PSOE, recurren a ella en cuanto se les aprieta un poco. Todos prometen aumentos de gasto y eluden cualquier referencia a subida de impuestos (sólo la formación de Albert Rivera ha presentado un documento coherente de reforma fiscal hasta el momento). Y claro, en un país con un déficit público disparado y graves problemas de deuda, sólo resueltos en parte por la intervención del BCE, la pregunta es obvia: ¿cómo pagarán esas promesas de más gasto si no suben los ingresos?
Para eso está el fraude. Es el bálsamo de Fierabrás de nuestra política. La solución a todo. Se coge una cifra no especialmente contrastada (los 80.000 – 90.000 millones de los que habla Gestha y que Juan Ramón Rallo califica de "inverosímiles"), se repite una y otra vez que España tiene una economía sumergida superior en diez puntos del PIB a la media europea y se promete cerrar ese agujero de un plumazo. Ya están todos los problemas resueltos. El político prometedor no necesita más ¿Nuevos hospitales, subidas de sueldo a los funcionarios, más inversiones en infraestructuras, revalorización de las pensiones, cerrar el agujero del déficit? Todo irá a cargo de la misma partida: el fraude aflorado.
Además, así matamos dos pájaros de un tiro. Luchando contra el fraude castigaremos a esos ricachones que esconden su dinero en Suiza y que se intuye, escuchando a nuestros líderes, que son los grandes responsables del engaño a Hacienda. ¿Millonarios castigados? ¿Más dinero para servicios sociales? ¿Lucha contra los insolidarios? Es la cuadratura del círculo político.
La realidad
El problema es que todo este discurso tiene poco que ver con la realidad. Según las cifras del informe The Shadow Economy in Europe 2013, realizado por Friedrich Schneider (profesor de la Universidad de Linz y uno de los mayores expertos del mundo en la materia) en cuestiones de fraude fiscal, España está, más o menos, donde le toca. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues que el tamaño de la economía sumergida en nuestro país suponía en marzo de 2013 alrededor del 18,6% del PIB, apenas un poco por encima del 18,4% estimado como media de la UE (ver gráfico) .
Además, en contra del discurso dominante, tampoco se ha disparado con la crisis. Ha habido subidas y bajadas, pero los cálculos de Schneider sitúan el dato del fraude fiscal entre el 18 y el 20% a lo largo entre 2008 y 2013.
Al final, lo que se intuye detrás de las cifras de Schneider no es ese enorme agujero entre España y sus vecinos europeos del que hablan nuestros políticos. Sí, estamos muy por encima de Austria (7,5%), Luxemburgo (8,0%) u Holanda (9,1%). Pero también estamos mejor que Portugal (19,0%), Italia (21,1%) o Grecia (23,6). En realidad, lo que se puede ver en la tabla que reproducimos al final del artículo es que el tamaño de la economía sumergida en la UE está bastante relacionado con el nivel de riqueza de cada país y su grado de integración de las nuevas tecnologías. Los países más ricos y con más desarrollo de la economía digital (los nórdicos, Suiza, Austria, Alemania,...) tienen tasas de fraude por debajo del 15%. Los más pobres o atrasados (países del este de Europa o los llamados PIGS) están todos por encima de esa barrera.
Esto nos lleva al segundo de los mitos. El que relaciona el fraude fiscal con los ricos y las multinacionales. Tampoco es cierto. Schneider apunta que la "economía en la sombra" se puede dividir, a grandes rasgos, en dos grupos:
- 2/3 corresponden a trabajos no declarados: empleados o negocios que operan por debajo del radar de Hacienda
- el tercio restante llega de negocios legales que no declaran la totalidad de sus ingresos;habla específicamente de aquellas empresas que tienen "gran parte de su actividad en efectivo: taxis, bares o tiendas"
Ninguna de las dos categorías encaja especialmente bien con el mito del gran defraudador. De hecho, como hemos visto, son precisamente los países con más millonarios y más multinacionales los que menos fraude fiscal y economía sumergida tienen.
En lo que respecta a España, el informe apunta en una dirección interesante. En toda Europa, los sectores más sumergidos (que más actividad en negro realizan) son construcción, comercio al por menor y hostelería. Viendo la estructura productiva de nuestro país, esto es al mismo tiempo una explicación de por qué estamos donde estamos y una advertencia de que no será tan sencillo como se dice cambiar la tendencia.
De hecho, ni siquiera hay que mirar al extranjero. Incluso Gestha admite que en España las regiones con más dinero negro son las más pobres y las que tienen más paro. Así, según sus propios cálculos, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha no sólo lideran el ránking del desempleo, también la del fraude, con más del 29% de economía sumergida. Por contra, Gestha asegura que "en Madrid la tasa de economía sumergida es del 17,3%, la menor de España y llamativamente baja. Esto se debe a la elevada concentración de grandes empresas nacionales y extranjeras y grandes fortunas, que concentran los ingresos tributarios de sus actividades". Por cierto, resulta curioso que el mismo sindicato que hace estas afirmaciones y presenta estas cifras, luego centre el 90% de su discurso público en la acusación contra los grandes defraudadores o las multinacionales.
Todo esto nos lleva al último de los mitos: el de la inmediatez. Es decir, que se puede acabar con el fraude o ponernos en la media de los países ricos de la UE de un día para otro. Porque eso es lo que se intuye detrás del discurso de los políticos. Cuando dicen que gastarán mucho más y lograrán estos fondos de la lucha contra el fraude, están implícitamente prometiendo que sus medidas tendrán resultados inmediatos. En este sentido, hay que decir que Ciudadanos es el único que ha dejado esta cuestión al margen de su cálculo fiscal: apunta a una recaudación total de 20.000 millones pero no los necesita para cuadrar sus cuentas (los incrementos de gasto que ha prometido los cubre con otras partidas).
El problema es que no es creíble que España se convierta en Suiza de un día para otro, tampoco en esta cuestión. Si las razones del fraude residen en el menor grado de desarrollo y una estructura productiva con mucha micropyme y con un gran peso de los sectores más propensos al dinero negro, entonces sólo por fichar más inspectores, subir las multas o hacer campañas de concienciación no se solucionará demasiado.
Las soluciones
Con todo esto, habrá quien se pregunte si es que no hay millonarios defraudadores. Sí, los hay. De hecho, los escándalos hechos públicos de los últimos meses se han centrado en ellos. Pero hay que aclarar varias cuestiones: en primer lugar, estos casos de grandes fortunas no declaradas suponen una cifra relativamente pequeña respecto al total de la economía sumergida. En segundo término, hay que diferenciar entre elusión fiscal y evasión fiscal. Lo primero es legal y consiste en utilizar todos los recovecos del sistema para pagar, dentro de la norma, lo menos posible a Hacienda. Los casos de elusión no entran en la cuenta del fraude fiscal.
Por último, hay que tener claro qué hay detrás de cada caso de evasión. Como explicamos en su día en referencia a las cuentas de algunos personajes famosos en Suiza, buena parte de estos fondos tienen un origen lícito (ya pagaron impuestos) y se llevan a paraísos fiscales para evitar seguir pagando. En estas cuestiones nunca hay cifras cerradas, pero todo apunta a que la parte de dinero completamente negro es relativamente reducida (sólo para delincuentes que tienen como medio de vida actividades ilícitas).
La segunda pregunta es si se puede hacer algo. Si se llega a la conclusión de que es la falta de desarrollo y el modelo productivo los que determinan el fraude, podría pensarse que no hay remedio al mismo. No es eso exactamente. Más bien, la idea es avanzar en las mejores prácticas puestas en marcha en otros países; pero al mismo tiempo admitir que no hay soluciones mágicas y que la mejor lucha contra la economía sumergida es la generación de riqueza:
- Crecimiento y modernización: Michele Boldrin, experto en el tema, apuntaba varias soluciones en la presentación de un estudio de Fedea en 2012 y pedía "modernizar la economía, permitir la competencia entre grandes y pequeños [para que mejore la productividad de todos] y generar los incentivos para que las empresas crezcan".
- Un sistema fiscal más sencillo: que aporte más seguridad jurídica a las empresas al mismo tiempo que hace más fácil el trabajo para Hacienda en la búsqueda de los defraudadores y no penalice a los que siguen las reglas. En España, por ejemplo, uno de los mayores miedos en cualquier negocio es que le hagan una inspección, incluso aunque tenga los papeles en regla.
- Una agencia tributaria más efectiva: Boldrin apuntaba que "el fraude se combate con penas más fuertes, claras y seguras, y no con una gran cantidad de pequeños controles e intromisiones en las actividades económicas de los ciudadanos. En EEUU, la IRS (la agencia tributaria) es enormemente respetuosa con el ciudadano, mucho más que en España o Italia, pero cuando te pillan, te pillan". Siempre que se habla de la Agencia Tributaria se piden más inspectores. Puede que ampliar la plantilla genere algo más de recaudación. Pero cuidado, Italia, por ejemplo, tiene muchos más funcionarios que España dedicados a estos menesteres y tiene una cifra de economía sumergida más alta. No sólo es cuestión de cantidad.
- Más tarjetas de crédito: es la solución clásica. De hecho, Ciudadanos propone en sus medidas contra el fraude que sea obligatorio para todos los comerciantes aceptar el pago con tarjeta para compras superiores a los 10 euros. Y las compañías de pago a crédito están entre las más interesadas en difundir estos datos. Por ejemplo, el informe de Schneider del que hablamos en este reportaje está patrocinado por VISA y esto no es una casualidad.
- Las consecuencias inesperadas: por último, un apunte. importante Como hemos dicho en varias ocasiones, el fraude se da mucho más en pequeñas operaciones o negocios que en las grandes empresas. Desde el trabajador que hace chapucillas con facturas sin IVA al profesor particular que cobra en efectivo. Por eso, el propio Boldrin advertía en 2012 de que en el corto plazo, un aumento en la presión sobre los pequeños defraudadores podría tener efectos contraproducentes. Muchas de esas pequeñas empresas que no declaran todos sus ingresos a Hacienda viven en el límite de sus posibilidades. Eliminar el fraude "únicamente con instrumentos represivos" (sin medidas para fomentar el crecimiento) podría hacer desaparecer buena parte de estos negocios.
