El nuevo escándalo que rodea a Rodrigo Rato, investigado por la Agencia Tributaria por un presunto delito de blanqueo de capitales, vuelve a poner de manifiesto la profunda hipocresía política que existe en España, además del grave problema estructural de corrupción que padece el país desde hace tiempo. Y es que, más allá del resultado judicial que arroje el caso Rato, cuya extraña detención no ha estado exenta de polémica y sospechas, el hecho de que un exvicepresidente del Gobierno y exministro de Hacienda se haya acogido a la amnistía fiscal decretada en 2012 por el PP resulta, simplemente, escandaloso, con independencia de que se demuestre o no la existencia de delitos o irregularidades.
Y, muy especialmente, si se tiene en cuenta que no es el único político que se ha aprovechado de la citada regularización fiscal. De hecho, la mayoría de los 705 amnistiados que están bajo la lupa del Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) no son empresarios ni profesionales, sino políticos, funcionarios, embajadores e incluso jueces. Hoy el protagonista es Rodrigo Rato, pero ayer fue Luis Bárcenas, el clan de los Pujol o el histórico sindicalista minero de UGT José Ángel Fernández Villa, acogidos todos ellos a la amnistía e investigados, igualmente, por temas relacionados con la corrupción.
Que los políticos, encargados de diseñar los impuestos y las leyes, sean uno de los colectivos que más defrauda e incumple la legislación fiscal es sintomático de uno de los grandes males que sufre este país: la hipocresía. No en vano, las familias y empresas españolas soportan una de las cargas tributarias más elevadas del mundo desarrollado, con el único fin de sostener en pie un Estado sobredimensionado e ineficiente, al tiempo que son víctimas de una implacable persecución por parte de Hacienda, en donde, además, no escasean los abusos y la inseguridad jurídica. Sin embargo, al mismo tiempo, los políticos, responsables directos de dicho expolio y arbitrariedad fiscal, son los primeros en sortear la ley que ellos mismos han aprobado para evadir impuestos, blanquear capitales y alzar bienes, evitando así el sablazo que el Estado impone al resto de la población. La desvergüenza y desfachatez que denota esa profunda hipocresía política es tanto o más grave que la comisión misma del delito del que se les acusa.
Y lo peor es que, lejos de impulsar medidas realmente eficaces para desincentivar y condenar ese tipo de comportamiento deleznable, los partidos políticos se limitan a lanzar soflamas electoralistas de nula utilidad contra el fraude fiscal, mientras siguen asfixiando a impuestos al conjunto de la sociedad. La solución a este grave problema no consiste en intensificar aún más la compleja regulación tributaria o crear nuevas leyes anticorrupción, sino en apostar firmemente por un menor intervencionismo estatal en el ámbito económico y una menor presión fiscal para desincentivar este tipo de irregularidades. La experiencia demuestra que a mayor libertad económica existe una menor corrupción política. En concreto, dieciséis de los veinte países menos corruptos del mundo se sitúan también entre las 20 economías más libres del planeta. Y lo mismo sucede a nivel fiscal: los impuestos bajos, una regulación fiscal sencilla y garantizar la seguridad jurídica es, sin duda, la mejor receta para aflorar economía sumergida, facilitar el pago de impuestos e incluso recaudar más dinero. Por desgracia, mientras esta receta no se aplique, los políticos seguirán robando, en mayor o menor medida, y ocultando al Fisco los jugosos frutos de la corrupción en este juego de hipócritas.