Conforme Podemos va concretando su programa electoral, sus recetas contra la crisis no sólo varían, sino que, además, resultan cada vez más familiares, puesto que algunas de ellas ya han sido implementadas en el pasado, con resultados, por cierto, desastrosos.
A finales del pasado año, el partido que lidera Pablo Iglesias presentó un borrador de programa económico, elaborado por los economistas de extrema izquierda Juan Torres y Vicenç Navarro, en el que, entre otras muchas medidas, explicaban con más detalle su particular plan para combatir al lacra del paro. Su solución consistía, básicamente, en disparar el empleo público a costa del dinero de los contribuyentes.
En concreto, Torres y Navarro planteaban la necesidad de duplicar el número actual de empleados públicos, hasta un total de 6,4 millones.
Generar demanda efectiva e ingresos para poder crear empleo suficiente y decente para alcanzar el pleno empleo debe ser objetivo prioritario del gobierno de Podemos tanto a través del estímulo al sector privado como, cuando ello no sea suficiente, mediante la creación de empleo por parte del Estado corrigiendo el enorme déficit de infraestructura social del país a través de la expansión de los servicios públicos del estado de bienestar, hoy claramente subfinanciados en España.
Y, a continuación, añadían:
[…] si España tuviera una persona de cada cinco, como tenía Suecia en 2010, en los servicios públicos -de los cuales la mayoría son los del estado de bienestar- en lugar de una de cada diez, tendríamos más de tres millones y medio de empleos adicionales en nuestro país.
¿El coste? Si el sector público contratara a 3,5 millones de personas extra, la factura para el conjunto de los españoles rondaría los 138.000 millones de euros adicionales. Más allá de la inviabilidad económica y presupuestaria de dicha medida, surgen de inmediato numerosas dudas acerca de su implementación. ¿Cómo se llevaría a cabo esta contratación?, ¿se trataría de nuevos funcionarios?, ¿en qué ramas de la Administración trabajarían?
Pablo Iglesias arrojó algo más de luz a esta propuesta el pasado miércoles, durante su mitin alternativo al debate sobre el estado de la nación en el Círculo de Bellas Artes. Así, en lugar de contratar directamente nuevos funcionarios, el líder de Podemos habló de la necesidad de impulsar con dinero público la transformación el "modelo improductivo de ladrillo y sol" por otro basado en la "economía verde". "Nunca más España deberá vivir del ladrillo […] Queremos un país con industria y economía verde", anunció.
A primera vista, sus palabras recuerdan mucho a los eslóganes lanzados por el anterior gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, consistentes en que el Estado, y no la sociedad civil, fuese el encargado de liderar el "cambio productivo" que precisaba España. La única diferencia que presentan PSOE y Podemos en esta materia radica en el volumen de recursos públicos destinado a dicha finalidad.
Zapatero subvencionó de forma masiva el desarrollo de las energías renovables, generando una enorme burbuja verde, cuyos efectos se han traducido en una de las facturas de la luz más caras de toda Europa, además de crear un modelo energético que se ha demostrado absolutamente insostenible a nivel financiero.
Pero, quizá, uno de los mayores exponentes de esta filosofía intervencionista fue, sin duda, el conocido Plan E puesto en marcha en los primeros años de la crisis. El primer Plan E despilfarró unos 8.000 millones de euros para financiar todo tipo de obras inútiles en los ayuntamientos de toda España, mientras que el segundo, dotado con 5.000 millones, se dedicó también a proyectos de eficiencia energética e infraestructuras.
El resultado fue un fracaso absoluto, y no sólo porque no sirvió para crear empleo estable, sino porque demostró ser un nido de irregularidades, chanchullos políticos y despilfarros públicos de todo tipo, según denunciaría años más tarde el Tribunal de Cuentas.
Otro Plan E, pero multiplicado por ocho
Pese a ello, Podemos no ha aprendido la lección e insiste en repetir el mismo error, solo que multiplicado por ocho. Así, durante su discurso, Iglesias explicó que su intención, en caso de llegar al Gobierno, era cambiar el modelo "improductivo" español a base de dinero público, apostando por una "reindustralización" del país, pero enfocada "hacia la demanda interna".
El objetivo "debe ser el desarrollo de sectores como el de las energías renovables, el de la rehabilitación inmobiliaria, la reconversión urbanística, las nuevas infraestructuras y los transportes colectivos, los que impulsen esa reindustrialización que nos hará otra vez estar orgullosos de nuestro país". Igualmente, abogó por incrementar la inversión pública en I+D+i y en servicios sociales.
Lo primero que llama la atención es que, al tiempo que critica el "ladrillo", Iglesias apuesta por destinar más dinero público a la rehabilitación de viviendas y al desarrollo de obra pública. Pero, con independencia de esta evidente contradicción, el dato clave radica en las cifras. "Invertir al año el 2% del PIB en la economía podría crear en España entre 1,3 y 1,8 millones de empleos en 5 años. Podríamos crear empleo en sectores como la energía, la construcción, el transporte o la manufactura. Eso es lo que toca hacer", ensalzó.
Es decir, el líder de Podemos propone que el Estado destine cerca de 20.000 millones de euros al año a la creación de empleo durante un lustro, especialmente en el sector de las energías renovables y de la construcción, elevando la factura total a más de 100.000 millones de euros, lo cual equivale a casi ocho Planes E de Zapatero. Así pues, en lugar de disparar la contratación de empleados públicos, como recoge el borrador de programa económico del partido, Iglesias opta más bien por la financiación pública y el reparto masivo de subvenciones a determinados sectores, a imagen y semejanza de Zapatero, pero de forma mucho más intensa.
De hecho, esta idea no es nueva. Algunas de las propuestas económicas de Podemos son calcadas a las que presentó IU en 2013 en su plan de choque contra la crisis: lanzar un mega Plan E, crear una "renta básica" y bajar la edad de jubilación a 60 años. En concreto, la formación de Cayo Lara planteaba entonces gastar 140.000 millones de euros -como mínimo- para crear 3,4 millones de empleos hasta 2015. El coste adicional para el contribuyente superaría en este caso los 8.000 euros por hogar en tres años. En este sentido, Iglesias demuestra ser un político nuevo con políticas viejas que ya se han demostrado fracasadas...