En España ya sólo hay un delito más grave que defraudar a Hacienda, el de superar los límites de velocidad y siempre que no lo cometa alguien de Podemos. La publicación con cuentagotas de la Lista Falciani provoca en los españoles una abrupta reacción de odio y bilis, con que acusan a los defraudadores de socavar la financiación de la sanidad y la educación. Cuando se trata de personas a las que, por ser deportistas o de derechas, se les atribuye la soberbia de considerarse más patriotas que nadie, se les acusa además de hipócritas por decir que aman a España mientras defraudan a Hacienda.
Hay en todo ello un escandaloso ejercicio de cinismo que debería provocar inmediato rechazo. Son muchas las cosas que hay que decir. La primera es que la sanidad y la educación supuestamente defraudadas están pésimamente gestionadas y resultan escandalosamente caras para la calidad que ofrecen, entre otras cosas, porque están dominadas por los sindicatos, financiados también con esos impuestos defraudados. Lo demuestra por ejemplo la suma que gastamos por alumno y el mediocre resultado que logran en los informes PISA nuestros estudiantes. Luego está el que con los impuestos no sólo se financian la sanidad y la educación, sino, además de los sindicatos, los partidos políticos, ejércitos de paniaguados y enchufados, se dan subvenciones a todo tipo de sectores y empresas, premios, bicocas y chollos. Además, Falciani no es ningún martillo de defraudadores que merezca ser contratado por el partido que, teniendo defraudadores entre sus cargos, afirma querer combatir el fraude más que nadie. Falciani es un delincuente, que sustrajo datos de la empresa para la que trabajaba y trató de venderlos al mejor postor. Entregó la información sustraída sólo a cambio de no ser extraditado una vez que se vio detenido. Encima, es más que dudoso que la Hacienda española pueda conseguir ninguna condena con una información conseguida ilegalmente. Sin contar con que algunas de las personas de la lista, como es el caso de Fernando Alonso, podrían tener esas cuentas de forma perfectamente legal por residir fuera de España o por haberlas declarado al fisco.
Y lo más importante de todo: los que que no hayamos tenido la posibilidad de esconder nuestro dinero a Hacienda no podemos estar seguros de qué haríamos si se nos ofreciera la oportunidad de hacerlo. Mucho más cuando vemos lo que hacen con el dinero que no tenemos más remedio que pagar. Por ejemplo, y sin ir más lejos, lo que hemos sabido hoy que han hecho con lo que nos sacaron para destinarlo a cursos de formación para parados. Naturalmente, en cualquier país que se precie, los ciudadanos tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos. Pero estoy seguro de que habría mucho menos fraude si los impuestos fueran proporcionalmente más razonables, los servicios que recibiéramos estuvieran a la altura de lo que se recauda, se gestionara lo que nos sacan con transparencia, no hubiera tanto enchufado ni tanta subvención y no fueran algunos políticos y algunos empresarios de los que revolotean a su alrededor los primeros en defraudar.