La Gala de los Goya siguió el guion cinematopolítico y terminó convirtiéndose en un acto de resistencia fiscal contra el Gobierno, representado por el ministro Wert. El auditorio se constituyó en un clamor unánime contra las subidas de impuestos o, mejor dicho, contra la subida de impuestos. Porque al parecer, y atendiendo al discurso oficialista de los Goya, desde que el nefasto Ejecutivo del PP llegó al poder sólo se ha producido un sangrante incremento fiscal: el del IVA cultural.
"Ya va siendo hora de que nos bajen el maldito IVA", exclamó el presidente de la Academia de Cine, Enrique González Macho. Nótese el complemento indirecto de la oración: nos. Porque de eso se trata justamente: el IVA cultural es un impuesto malo porque les afecta directamente a ellos, a su negociado; todos las demás brutales subidas de impuestos impulsadas por Montoro durante esta legislatura –más de cincuenta padecidas por los españoles de todas las condiciones– o no merecen consideración alguna o, incluso, son subidas buenas, en tanto castiguen a los más ricos.
Ciertamente, no pretendo que la Academia de Cine se instituya en el representante de los intereses del pueblo español (aun cuando muchas veces se haya arrogado ese papel, convirtiéndose en "el mundo de la cultura", "los intelectuales" "o la conciencia crítica" de los españoles): lo lógico es que concentre sus esfuerzos en defender sus propios intereses, y sus propios intereses pasan en este caso por reclamar legítimamente una reducción del IVA cultural. Que nos bajen el maldito IVA. Ahora bien, precisamente por ello jamás deberíamos haber perdido de vista que la Academia de Cine es un lobby: un grupo de presión constituido para orientar la acción del Gobierno hacia la defensa de sus intereses privativos, al margen de cuáles sean los intereses del conjunto de los españoles.
Desde luego, no estoy afirmando que la Academia de Cine sea el lobby: son un lobby más –unos cazadores de rentas más–, y no particularmente poderoso frente a otros grupos de presión con muchos más recursos y mejores conexiones. Pero sí son un lobby que convendría que la ciudadanía española comenzara a percibir como tal, para así filtrar sus bondadosas palabras. A la postre, el propio González Macho recalcó durante los Goya que había que convertir el cine en un "tema de Estado"; entiéndase, pues, el mensaje que verdaderamente estaba emitiendo como director de este lobby patrio:
Nuestros intereses particulares merecen una mayor consideración que los intereses particulares de cualquier españolito de a pie, y por eso estamos legitimados para que el Estado instrumente su coacción contra los españoles y a nuestro favor.
Puede que ni siquiera los propios integrantes de este lobby patrio se reconozcan en ese mensaje –la fuerza del autoengaño es muy poderosa–, pero ése es su discurso de fondo: reivindicamos simultáneamente la necesidad de maximizar las subvenciones al cine y de minimizar los impuestos que soporta el cine; esto es, reivindicamos recibir las máximas transferencias del Estado y hacernos cargo de las mínimas transferencias al Estado. Puedo entender, aunque no compartir, el discurso de aquellas personas que reclaman un mayor gasto público aceptando que tendrán que contribuir a financiarlo con mayores impuestos; también puedo entender y compartir posiciones con aquellos otros que abogan por unos menores impuestos siendo conscientes de que ello acarreará un menor gasto público. Lo que no puedo ni entender ni compartir –salvo desde la sectaria óptica del lobby– es que uno reivindique un mayor gasto público sin estar dispuesto a contribuir a financiarlo fiscalmente: las mieles para mí, las hieles para los demás.
Ojalá la ciudadanía española vaya tomando conciencia de que el comportamiento habitual de la inmensa mayoría de actores en la esfera público-estatal no es más que una permanente impostura para lograr instrumentar la coacción estatal en su privativo interés. La Academia de Cine es sólo una anécdota dentro de una categoría, por desgracia, infinitamente más amplia. Si de verdad queremos librarnos de la lacra de los lobbies de todas las corrientes y orientaciones, nada mejor que minimizar el intervencionismo estatal: sin BOE, no hay lobbies que valgan.