Hay dos palabras que resumen a la perfección el alto nivel de irregularidades que se dan en la economía de Grecia. La primera es "fakelaki", término que hace referencia al soborno como una práctica recurrente entre los ciudadanos helenos. La segunda es "rousfeti", palabra que describe los diferentes privilegios económicos que los sucesivos gobiernos han conseguido a determinados colectivos sociales.
Evidentemente, este tipo de irregularidades se reproduce a mayor o menor escala en muchos países. Sin embargo, el problema griego es que la generalización del "fakelaki" y del "rousfeti" ha llegado a extremos insostenibles, minando significativamente la capacidad de crecimiento a largo plazo del país heleno.
El pago medio por "fakelaki" llega a 1.228 euros
El problema es tan grave que Transparencia Internacional ha dedicado un estudio al fenómeno del "fakelaki", término que podríamos traducir al español como "sobrecito". ¿Cuáles son los resultados del informe? Abróchense los cinturones porque vienen curvas:
- Según datos de 2012, el "fakelaki" cuesta 420 millones de euros a las familias griegas. Los estudios para años anteriores arrojaban una cifra aún mayor. En 2011, sin ir más lejos, los "sobrecitos" costaban a los griegos 554 millones de euros.
- El 8,6% de los hogares helenos reconoce que ha participado en esta forma de corrupción. En años anteriores, estas tasas eran aún mayores y superaban holgadamente el 10%.
- El "sobrecito" medio implica un pago de 1.228 euros. En 2011 rondaba los 1.400 euros, mientras que antes de la crisis se superaba a menudo la barrera de los 1.500 euros.
La corrupción es rampante en los hospitales públicos, donde los sobres para "colarse" en las listas de espera de operaciones van de los 50 a los 20.000 euros. También en las consultas médicas hay "fakelaki": los griegos pagan entre 10 y 7.000 euros para adelantar su cita con el especialista.
Por otro lado, las oficinas de Hacienda son otro espacio común para la corrupción. El estudio de Transparencia Internacional apunta que los ciudadanos helenos se dejan entre 500 y 4.000 euros para cerrar expedientes por deudas con el fisco. También hay desembolsos significativos dedicados a "borrar" de los libros oficiales los posibles casos de irregularidades tributarias; en este caso, los pagos oscilan entre 100 y 1.000 euros. Por último, la aceleración de trámites también cotiza alto en Hacienda: va de 200 a 1.000 euros.
Un tercer campo del sector público en el que los "sobrecitos" son recurrentes son los organismos que conceden permisos de construcción: conseguir una licencia saltándose las leyes cuesta entre 100 y 7.500 euros; acelerar los trámites implica un gasto de entre 50 y 5.000 euros; regularizar un inmueble o una construcción ilegal supone un desembolso de entre 400 y 3.000 euros.
La corrupción es menos generalizada en el sector privado. El estudio de Transparencia Internacional reduce el total de hogares que ha participado en este tipo de prácticas hasta el 2,6%, frente al 8,6% de familias que admite haber pagado dinero a cambio de favores en las Administraciones. En el ámbito privado, los "sobrecitos" son más recurrentes en los tests médicos, las inspecciones de vehículos y las autoescuelas.
"Rousfeti": las "mamandurrias" griegas
Empresarios como Nikos Sofianos, cabeza visible de la empresa de maderas Shelman, han alzado la voz para denunciar "las "mamandurrias" que fomenta el sector público griego, con una deuda que no para de dispararse y una sucesión de gobiernos que no hace ninguna de las reformas necesarias. Los privilegios de los colectivos beneficiados por la política salen indemnes de todo ajuste, mientras las verdaderas necesidades económicas del país siguen desatendidas".
Algo parecido advierte Constantine Michalos, otro empresario que ha llegado a presidir la Cámara de Comercio de Atenas. "Los sueldos que se pagan en el sector público son un ejemplo de la cultura del descontrol que se ha instalado en el gasto público. Hay limpiadores del ministerio de Finanzas que ganan más que los altos cargos", apunta.
Michalos explica que ha contactado con inversores internacionales que desean hacer negocios en el país heleno. "Todos acaban huyendo por culpa del Estado. Tengo un amigo de Taiwán que opera en Rumanía y también estaba interesado en abrir una fábrica en Grecia dedicada al reciclaje de materiales prácticos. Durante año y medio tuvo que enfrentarse con una Administración que bloqueaba todo avance. Cada ministerio le pedía una cosa distinta, los políticos actuaban como enemigos ante inversores que venían con 10 millones de euros bajo el brazo. Al final se cansó, como cabía esperar", explica a BBC.
Esta cultura del "rousfeti" hace que los tentáculos del Estado griego se extiendan por todas las actividades económicas con ánimo de extraer más rentas del sector privado. Un ejemplo: para abrir un negocio hay que entregar el 1% del capital de entrada al fondo de pnsiones de los abogados del país. Otro ejemplo: para contratar una campaña publicitaria hay que pagar el 20% del total al fondo de pensiones de los periodistas griegos.
Otra vía explorada por el "rousfeti" es la compra de votos a cambio de empleos en la Administración. Los partidarios de la Nueva Democracia que consiguen un "enchufe" reciben el nombre de "camisas azules", mientras que los nuevos funcionarios que deben su "colocación" al PASOK son considerados "camisas verdes". Está por ver qué color elegirán los griegos para denominar a quienes lleguen a las Administraciones de la mano de Syriza.
¿A cuánto ascienden los costes derivados de estos privilegios? Los estudios del economista Yannis Sournaras elevan la cifra al 13,2% del PIB.
El coste de la corrupción
La Brookings Institution ha analizado el fenómeno de la corrupción, concluyendo que la economía griega pierde 20.000 millones de euros al año como consecuencia de todas estas prácticas. Sumando estos desembolsos ilegales con la ineficacia de las Administraciones, el PIB heleno experimenta una pérdida anual de 31.000 millones de euros. En suma, el impacto del "fakelaki" y del "rousfeti" en la economía griega asciende a más del 10% del PIB.
Quien fuera Inspector General de la Administración griega, Leandro Rakintz, admitió que evitar el problema de los "sobrecitos" y las "mamandurrias" podría haber evitado la crisis de su país. No obstante, el funcionario heleno prefiere echar balones fuera y apunta que "aunque Grecia no sale bien parada en los informes de transparencia, no somos el peor país de Europa. Por ejemplo, en países como Alemania hay una corrupción muy generalizada".
No obstante, el autor del estudio de la Brookings Institution tiene claro que el problema griego sí es notable. "No se trata de que Grecia controle estos asuntos con tanta efectividad como Suecia: simplemente colocándose al nivel de España, el déficit público se podría reducir un 4%", explica.
"Haratsi": el rejonazo fiscal como agravante
A todas las irregularidades ligadas al "rousfeti" y al "fakelaki" se une el agravante del "haratsi", término que hace referencia a la enorme discrecionalidad tributaria que sufren los contribuyentes helenos
A menudo leemos que la evasión fiscal es relativamente alta en Grecia. Lo que suelen olvidar muchos de estos informes es que el fisco del país gobernado por Syriza se caracteriza por la imposición repentina de gravámenes arbitrarios.
Es el caso de un impuesto a la propiedad inmobiliaria que ha sido aprobado durante la crisis sin apenas plazos de ajuste para los contribuyentes. El nuevo tributo cuenta con el agravante de que aquellas familias que no lo paguen sufrirán un corte en su servicio eléctrico.
Como muestra del miedo que tienen los contribuyentes griegos a los continuos rejonazos de Hacienda, basta con señalar que la recaudación tributaria se desplomó en enero, ante el miedo al nuevo marco fiscal resultante de las Elecciones Generales en las que la formación comunista Syriza logró alcanzar el poder.