El Gobierno brasileño, principal accionista de Petrobras, aceptó este miércoles la renuncia de la dirección de la petrolera, luego de que la empresa perdiera más de la mitad de su valor de mercado en cuatro meses por un gigantesco escándalo de corrupción.
El valor de Petrobras en la bolsa de Sao Paulo se redujo en 150.000 millones de reales (unos 55.555,5 millones de dólares), un 58 %, desde octubre pasado, cuando la mayor empresa de Brasil informó de que estaba contabilizando los desvíos.
En todo ese período, la jefe de Estado de Brasil, Dilma Rousseff, defendió a la presidenta de Petrobras, María das Graças Foster, con la que tiene una antigua amistad y quien es una de las pocas personas que gozan de su total confianza.
Y durante todo ese tiempo la oposición insistió en que la permanencia de Foster al frente de la empresa más estratégica de Brasil era inviable por el escándalo de desvíos millonarios que salpicó a varios dirigentes actuales y pasados.
La crisis también llevó a las tres grandes agencias de calificación de riesgo (S&P, Moody's y Fitch) a rebajar la nota de la petrolera hasta el escalón más bajo dentro del grado de inversión.
Los rumores de que Rousseff finalmente había aceptado la renuncia de Foster provocaron una fuerte alza de las acciones de la petrolera en la bolsa de Sao Paulo el martes, cuando escalaron un 15 %, como en la apertura de este miércoles, cuando subieron un 7% antes de perder ritmo.
La sustitución de Foster fue anunciada este miércoles por Petrobras, después de los desmentidos oficiales del este martes, cuando Rousseff y Foster mantuvieron una larga reunión en el palacio presidencial de Planalto.
El Consejo de Administración de la petrolera se reunirá el próximo viernes para elegir a su nueva dirección. Según versiones de prensa, Rousseff no quería anunciar la salida de Foster hasta que hubiese decidido a su sustituto, misión que encargó a su ministro de Hacienda, Joaquim Levy, a quien pidió que recomiende a alguien reconocido por el mercado.
Entre los candidatos más citados por la prensa destaca Henrique Meirelles, ex titular del Bank of Boston y que presidió el Banco Central brasileño durante los dos mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).
También se citan como posibles candidatos a Rodolfo Landim, un técnico con experiencia internacional que ocupó una dirección de Petrobras, y Roger Agnelli, que por muchos años fue un elogiado presidente de la minera brasileña Vale, la mayor productora mundial de hierro.
La decisión del sustituto corresponde al Gobierno por ser el Estado el mayor accionista de Petrobras, empresa que tiene acciones negociadas en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York, Madrid y Buenos Aires.
El próximo presidente tendrá la misión de colocar a la empresa nuevamente sobre los rieles y enfrentar las fuertes presiones políticas que se avecinan.
Ello debido a que la oposición consiguió las firmas suficientes para solicitar la instalación de una poderosa comisión de investigación en el Congreso, que puede convocar a cualquier testigo y hasta acusar de responsabilidad política a Rousseff.
El escándalo de Petrobras se refiere a sobreprecios, tráfico de influencias y sobornos en millonarios contratos suscritos por la empresa en al menos la última década y por los que ya están detenidos tres ex directores de la petrolera y los mayores ejecutivos de varias empresas que eran contratistas de la estatal.
Según la Fiscalía, los recursos desviados de millonarios contratos con diferentes empresas eran distribuidos entre diferentes fuerzas políticas, principalmente el Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff y otros de la alianza oficialista.
La Fiscalía informó la semana pasada que el dinero del que se tiene pruebas que fue desviado hasta ahora suma 2.100 millones de reales (unos 892 millones de dólares).
Petrobras presentó la pasada semana los resultados financieros del tercer trimestre de 2014, pero excluyó de su balance las pérdidas causadas por la corrupción.
No obstante, la compañía estimó que sus activos fueron sobrevalorados en 88.600 millones de reales (34.500 millones de dólares) por el aumento del precio de 31 contratos con constructoras y proveedores entre 2004 y 2012.
Esa cifra, sin embargo, incluye la apreciación de los activos provocada por variables como la tasa de cambio y otras, y no tiene en cuenta las pérdidas derivadas del pago de sobornos.