Grecia debe ser expulsada cuanto antes de la zona euro, y no solo porque su mantenimiento en la Unión Monetaria alentaría el auge del populismo en otros países miembros, sino porque es inmoral y profundamente injusto que el resto de contribuyentes europeos tengan que sufragar de su bolsillo los excesos y despilfarros de un gobierno manirroto y de un pueblo irresponsable.
Grecia nunca debió entrar en el euro, puesto que su anquilosada estructura productiva y sus nefastos precedentes de inestabilidad fiscal y monetaria ya aventuraban el final trágico que, por desgracia, ha terminado produciéndose a lo largo de la presenta crisis, pero, una vez dentro, lo mínimo que se le puede exigir a Atenas es que cumpla o, al menos, tenga la voluntad de cumplir las reglas de juego que garantizan la supervivencia del euro. A saber, un déficit inferior al 3% y una deuda pública no superior al 60% del PIB. Es cierto que, desde el nacimiento de la moneda única, dichos principios han sido vulnerados en múltiples ocasiones por parte de distintos países. Sin embargo, Grecia es un caso excepcional, ya que jamás ha logrado alcanzar estos dos objetivos. De hecho, falseó sus cuentas públicas durante años, primero para entrar en el euro y después para ocultar el insostenible tamaño que había alcanzado su sector público gracias a la financiación abundante y barata que ofrecía el paraguas de la Unión Monetaria.
Grecia ni ha cumplido ni ha tenido nunca la intención de cumplir. La presente crisis de deuda ha sido su particular prueba de fuego. Tras descubrir que Atenas había falseado el déficit público, los inversores, como es lógico, huyeron despavoridos ante el riesgo inminente de quiebra. Sin embargo, el país heleno fue rescatado por sus socios comunitarios, evitando así el desmoronamiento de su banca y de sus servicios públicos. Pero lo único que compró ese salvavidas fue tiempo. Tiempo para que los griegos rectifican su senda suicida, aplicando necesarios recortes de gasto para equilibrar sus cuentas e imprescindibles reformas estructurales para reactivar su inerte economía.
Sin embargo, no aprovecharon esa oportunidad. Atenas apenas avanzó nada entre 2010 y 2012, y para cuando el nuevo Gobierno de Antonis Samarás empezó a hacer lo correcto, ya era demasiado tarde para recoger los frutos. Justo cuando su economía empezaba a registrar crecimiento y superávit fiscal primario (descontando el pago de intereses de la deuda), los comunistas de Syriza se han hecho con el poder blandiendo el populismo más abyecto y deleznable. Su ascenso no solo dará al traste con los tímidos e insuficientes avances logrados en los dos últimos años, sino que sumergirá a Grecia de forma irremediable en una nueva y profunda crisis económica y social. La clave no radica en que Syriza exija o no una quita sobre la ingente deuda pública griega, sino en que pretenden volver a la nefasta senda de gasto que ha causado su actual ruina.
Y su intención no es otra que chantajear a Bruselas para que el resto de socios comunitarios sufraguen la cuantiosa factura con el dinero de sus contribuyentes. Ceder a esta extorsión es indecente, inmoral e injusto. Si Grecia no acepta las reglas básicas del euro, debe abrir la puerta y salir. Y si, aún así, se niega, simplemente, expulsarla. Europa no puede plegarse a la voluntad de un Gobierno radical y extremista, cuyo único objetivo es robar y amenazar vilmente a sus vecinos. Si lo hiciera, no solo estaría violando los fundamentos del euro, sino que sembraría el germen de su autodestrucción a medio y largo plazo. Si Grecia incumple, debe salir, voluntariamente o a la fuerza.