Hacer lo que hay que hacer y hacerlo bien, es el cometido de toda institución y también de toda persona, sobre todo cuando administran intereses ajenos, pues si son los propios no precisan de consejos ni que se les recuerde su misión.
Cuando miramos en el horizonte la creación de la Unión Monetaria Europea, recordamos que las intenciones de los países que aspiraban a conformar el nuevo espacio monetario se polarizaban –renunciando a detalles– en dos extremos bien diferentes. De un lado, los países económica y financieramente líderes soñaban con una moneda única, que definía un amplio espacio financiero de estabilidad y de disciplina, con el ánimo de reducir costes de transacción y de incrementar la competitividad de los bienes, mercancías y servicios europeos frente a los de nuestros competidores en el comercio internacional. Una aspiración desde la más ortodoxa teoría económica que prometía los mayores frutos. De otro lado, los ciudadanos de los países más zarrapastrosos, menos disciplinados, veíamos en la nueva disciplina que se exigía para la adhesión al euro un cauce para poner orden la economía, un objetivo que recordaba experiencias anteriores en las que el orden interno se conseguía por las normas a cumplir en el espacio exterior.
Hoy, tanto los ciudadanos del primer grupo como los del segundo estamos inquietos por el deslizamiento híbrido que parece percibirse en el objetivo fundamental del Banco Central Europeo –estabilidad de precios– y su intento de resolver mediante condescendencia monetaria la indisciplina financiera-fiscal de determinadas naciones. El camino de la compra masiva de deuda pública –se habla de 500.000 millones de euros, bien que en el mercado secundario, qué más da– es el mejor estímulo para olvidar las restricciones a la dilapidación de recursos públicos que el control del déficit exige a los miembros de la UME.
Las personas, tanto en el sector público como en el privado, actúan motivadas por incentivos o desincentivos, que impulsan o frenan su acción económica. Por ello, haciendo honor al refrán de no pedir peras al olmo, no se puede abrir la espita del gasto, con dinero abundante y barato, y al mismo tiempo advertir de la importancia de controlar el déficit y, con él, la deuda pública y privada.
En España, además, el menú tiene una salsa que lo hace más sabroso. Por si fuera poco, el Estado –es decir el Tesoro, todos nosotros– ha decidido asumir la deuda de las comunidades autónomas con los bancos. Así el itinerario de la perversión se cierra sin problemas aparentes. El Tesoro se hace cargo de la deuda de las CCAA y la financia con deuda del Estado, que coloca a los bancos, los cuales, a su vez, se la venden la BCE. ¡Extraordinario!
Sin considerar a los sufridos españoles, que tendrán que pagar la deuda en algún momento, cabe preguntarse: ¿para quién el perjuicio? Curiosamente para el que obró bien, para el que gastó lo que tuvo y no más.
Convenzámonos, el mundo es de los dilapidadores.