La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha considerado una "barbaridad" incrementar en 26.000 efectivos su plantilla para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, tal y como ha sugerido el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a Podemos.
"Semejante propuesta es una auténtica barbaridad, carente de lógica y que sólo puede obedecer a la obsesión que tiene este sindicato por conseguir mejoras económicas en su colectivo intentando que todos los técnicos se conviertan en inspectores de Hacienda sin superar la correspondiente oposición", han señalado los inspectores en un comunicado.
Recuerdan que la plantilla de la Agencia Tributaria a finales de 2013 era de 26.231 empleados, de los que 2.398 eran funcionarios del grupo A1 (inspectores y otros cuerpos), y 7.777 del grupo A2 (técnicos y otros cuerpos). Con la propuesta de Gestha, habría alrededor de 30.000 inspectores y 7.000 técnicos, por lo que en términos militares, supondría "un ejército en el que la mayor parte de sus efectivos serían generales, sin apenas soldados".
La apuesta de los inspectores
Los inspectores creen necesario incrementar el número de efectivos de la Agencia, pero apuestan por una plantilla "bien dimensionada" y por evitar "fórmulas milagrosas" y fomentar la especialización y profesionalización a través de las respectivas oposiciones y cursos posteriores de formación, de cuatro meses para el grupo técnico y de un año para los inspectores
Así, consideran "adecuadas" las convocatorias que se efectuaron en los años 2007 y 2008, de 500 técnicos cada año, o la de 490 que se han convocado en 2014, aunque ven "insuficiente" el número de plazas para inspectores. A su parecer, la experiencia indica que no resulta posible efectuar convocatorias anuales superiores a 100 Inspectores y a 500 técnicos porque la logística no permite impartir dichos cursos con la profundidad necesaria.
Por otro lado, recuerdan que otros estudios sobre las necesidades de efectivos en la lucha contra el fraude ponen de manifiesto que lo prioritario es dotar a los equipos de inspección del personal administrativo necesario para evitar que los inspectores y los técnicos empleen su tiempo en tareas administrativas. A su juicio, este aumento de efectivos administrativos se podría efectuar mediante contratación directa e inmediata, incluso se podrían hacer fijos a los 1.000 empleados que se contratan cada año para la campaña de renta.
Sin embargo, consideran que las mayores necesidades de inspectores, técnicos y de agentes tributarios se han de cubrir por el sistema de oposición, a través de las correspondientes ofertas de empleo público, que podrían incluir convocatorias extraordinarias de plazas a cubrir a través de promoción interna, lo que supondría un aliciente importante para la carrera profesional de los empleados de la Agencia.
En cualquier caso, los inspectores reconocen que España tiene un "grave problema" de fraude fiscal y de economía sumergida y son conscientes de que la Agencia necesita incrementar el número de efectivos dedicados a la lucha contra el fraude fiscal para disponer así de una plantilla "bien dimensionada y eficaz".
Estudios sobre el fraude
De los estudios existentes sobre el fraude, destacan el rigor del elaborado por Funcas o el de Schneider para la Unión Europea, que confirma que el tamaño de la economía sumergida española en relación al PIB supera a la media de los países de su entorno. En cambio, rechazan otros "sin fundamento" con los que se pretende calar con facilidad en la opinión pública.
Uno de los datos de estos estudios es que el 80% de los inspectores se dedican a la investigación del pequeño contribuyente, y que el restante 20% lo hace en la comprobación de las grandes fortunas, multinacionales y grandes grupos empresariales que, según se afirman, representan el 72% de la evasión.
La realidad de los equipos de inspección hace que la práctica mayoría de ellos alternen inspecciones a empresas grandes y a otras pequeñas, por lo que no se puede afirmar que el 80% de los inspectores se dediquen a pequeñas empresas. Por otra parte, el problema de las empresas más grandes es de elusión más que de evasión, ligado a la existencia de resquicios en las normas internacionales, por lo que el dígito del 72% de fraude en estas empresas no parece razonable.
Según los inspectores, es necesario potenciar el control tributario sobre las grandes empresas, pero también sobre el resto de colectivos que actualmente defraudan. "Debe ser la Agencia Tributaria la que aporte las cifras reales para desmentir datos tan alarmantes", señalan.