El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha remitido a la Fiscalía un expediente sobre materia retributiva y de previsión social de la alta dirección de Caja Madrid, con un perjuicio económico estimado para la entidad de 14,8 millones de euros, según ha informado el organismo en un comunicado.
Estas posibles irregularidades se refieren fundamentalmente al periodo comprendido entre 2007 y 2010. Tras la revisión de estas operaciones, el FROB encargó un estudio forensic a terceros independientes para analizar eventuales responsabilidades de administradores y directivos de la entidad. El grueso de esta etapa investigada fue bajo la presidencia de Miguel Blesa, quien cedió el testigo a Rodrigo Rato en enero de 2010.
El citado expediente de Caja Madrid remitido a la Fiscalía analiza cuatro tipos de actuaciones concretas en el periodo 2007-2010, y en todas el informe indica que se ha podido producir el cobro por parte de altos directivos de la entidad de retribuciones excesivas y en algunos casos, sin que exista constancia del cumplimiento de trámites como el paso por los órganos de gobierno.
Subidas salariales
En este sentido, ha añadido que en 2008 se aplicó a los miembros de la alta dirección de Caja Madrid una subida salarial significativamente mayor que la que debía, superior en algunos casos al 26 %, al tomar como referencia para el aumento una masa salarial mayor que la que existía en ese momento (el aumento global se repartió entre un menor número de miembros).
En lo que se refiere a la retribución fija de esos directivos, ha supuesto una posible percepción indebida de algo más de 2 millones de euros, según el FROB, que, en cuanto a la retribución variable, ha dicho que el exceso de incremento salarial, unido a la ausencia de documentación que soporte la fijación de objetivos y el grado de su cumplimento, supone un posible ajuste por exceso de 1,8 millones.
De la misma manera, el informe ha detectado una práctica en relación con las aportaciones al plan de pensiones de Caja Madrid, ya que se sustituía la parte que excedía del máximo deducible del IRPF por una gratificación extraordinaria, y que ha podido suponer un perjuicio de unos 1,84 millones para la entidad.
Extinciones irregulares de contratos
Por último, se han detectado posibles irregularidades en el extinción de varios contratos a altos directivos, así como en los pagos que en diversos conceptos se realizaron a estas personas, fundamentalmente en 2009 y 2010. El posible perjuicio económico para la entidad podría alcanzar por este concepto los 9,1 millones, según el FROB.
En su comunicado, el FROB ha asegurado que como órgano encargado de la gestión de los procesos de reestructuración de las entidades ha de velar por el resarcimiento del año causado por operaciones no ajustadas a derecho, y que con este fin, en mayo de 2013 se aprobó un protocolo de actuación previo ejercicio de las operaciones judiciales.
Así, en este periodo, el FROB ha contratado 90 análisis forensic que han dado lugar a 27 operaciones enviadas a la Fiscalía, y que a partir de ahí serán los tribunales quienes determinen eventuales responsabilidades que se deriven de estas actuaciones.