El juez que investiga a la antigua cúpula de Catalunya Caixa ha dado por concluida la instrucción y ha dejado a un paso de juicio a los exdirectivos Narcís Serra y Adolf Todó, al entender que se aprobaron sobresueldos "en perjuicio y desprecio" de los intereses generales y de la entidad bancaria. En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona mantiene imputados a Serra y Todó, junto a una cuarentena de miembros del consejo de administración de la entidad que aprobaron las remuneraciones extras, por un delito de administración desleal.
El juez da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones personadas -las CUP y Ausbanc- para que, en su caso, soliciten la apertura de juicio oral contra los denunciados, tras concluir que los sobresueldos excedían "la prudencia" en un momento en que la entidad era sostenida "con dinero público de todos los contribuyentes".
La causa contra el expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra y del ex director general Adolf Todó parte de una denuncia que presentó la Fiscalía Anticorrupción por la aprobación, en enero y octubre de 2010, de sendas resoluciones para aumentar el salario de sus directivos, pese a que la entidad se encontraba en una situación crítica que le obligó a pedir 1.250 millones de euros al FROB. La denuncia se dirigía inicialmente contra 54 miembros del consejo de administración de Catalunya Caixa, pero el juez la archivó contra una docena de ellos, tras comprobar que no apoyaron las retribuciones de la cúpula directiva en las votaciones internas.
"Reprobables decisiones"
En su auto, el juez concluye que todos los imputados, tanto los que se beneficiaron directamente de los sobresueldos como el resto, en su intención "de ser bien vistos en la institución y abriendo puertas a alguna expectativa o posibilidad futura", tomaron las "aparentemente reprobables decisiones" que comportaron los aumentos retributivos. Esos sobresueldos, sostiene el magistrado, fueron aprobados "en perjuicio y desprecio de los intereses de la entidad, de su finalidad, y de los intereses generales (...)".
El juez señala en su auto que en julio de 2010, cuando estaba presidida por Narcís Serra, Catalunya Caixa contrató como director general a Adolf Todó -después presidente de la entidad- y como director general adjunto a Jaume Massana, en un momento en que la situación económica de la entidad la forzó a una "intervención de dinero público en descomunal cantidad". Catalunya Caixa, añade el magistrado, convino con ambos exdirectivos "cláusulas por rescisión anticipada, cláusulas de prejubilación, retribuciones variables y pagos en pensiones mediante pólizas (...)".
Esa retribución, en opinión del magistrado, "a todas luces excede la prudencia y buenas prácticas en una entidad de la naturaleza indicada, máxime teniendo en cuenta la precaria situación económica de la entidad, que ha tenido que ser sostenida con dinero público de todos los contribuyentes". Concretamente, señala el juez instructor, Adolf Todó "disfrutó de una salida de salario fijo en 2009 de 100.000 euros respecto del fijado en su contrato, de 100.000 euros más en 2010 y de 12.000 en 2011".
En cuanto a la retribución variable, mantiene el auto, Todó subió del 35 % fijado en su contrato al 50 % del salario fijo por acuerdo del consejo de administración, "cuando el FROB estaba a punto de aportar 1.250 millones de euros e incluso cuando ya habían sido aportados y en contra de las recomendaciones de la Comisión Europea y del FROB". Por su parte, añade el juez, Massana se benefició de subidas de sueldo y de un incremento de la retribución variable del 35 % al 45 % "en igual y dramática situación económica de la entidad".
"Asimismo, el consejo de administración, a propuesta de la comisión de retribución, aprobó los contratos iniciales suscritos con Adolf Todó y Jaume Massana donde se incluyen los derechos por pensiones y prejubilaciones de un importe tan elevado como perjudicial para los intereses de la entidad", agrega el auto.
El juez precisa que los acuerdos fueron adoptados por el consejo de administración que entre 2005 y 2010 presidió Narcís Serra, quien, como "mero cargo representativo, tenía elevados emolumentos en concepto de dietas". En concreto, Todó pasó a cobrar de 800.000 a 812.501 euros y Massana de 598.428 a 610.201, gracias al aumento retributivo aprobado en los consejos de administración del 19 de enero de 2010 y del 13 de octubre de ese mismo año.