España se sitúa en el puesto 37 de los países menos corruptos del mundo, según el índice que elabora anualmente Transparencia Internacional. Es decir, no es especialmente corrupto si se compara a nivel global, aunque la percepción cambia si dicha perspectiva se reduce a Europa o el grupo de economías más ricas (OCDE), ya que en ese caso se sitúa por debajo de la media.
La lacra de la corrupción no ha aumentado de forma muy significativa en los últimos años. Sin embargo, desde que estalló la crisis, la percepción social sobre este problema se ha disparado desde el puesto 25 registrado en 2007 hasta el 37 actual.
Asimismo, la corrupción política se ha convertido en uno de principales problemas de España, según reflejan las encuestas, debido a la acumulación de escándalos sobre esta materia y al mayor grado de intolerancia que presenta la población hacia este tipo de comportamientos en un contexto de graves dificultades económicas.
Como resultado, este fenómeno no sólo ha alimentado el crecimiento de nuevas opciones políticas, como es el caso de Podemos, sino que ha impulsado la puesta en marcha de nuevos proyectos legislativos con el fin de evitar y combatir este problema.
Así, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba a finales del pasado noviembre una batería de medidas contra la corrupción, y, de hecho, este miércoles entra en vigor la Ley de Transparencia, orientada, igualmente, a evitar este tipo de irregularidades.
¿Serán eficaces? La experiencia empírica demuestra que la mejor estrategia contra la corrupción no es el establecimiento de nuevos requisitos legales o un mayor control y supervisión de los políticos, sino contar con un mayor nivel de libertad económica.
Tal y como refleja el siguiente gráfico, existe una fuerte correlación entre economías libres y menores índices de corrupción, lo cual significa que a mayor libertad económica, menor percepción de la corrupción, y viceversa.
O, dicho de otro modo, a menor intervención estatal, existen menores posibilidades de poder cobrar comisiones o mordidas por parte de políticos o funcionarios a cambio de contratos o gestiones administrativas. Y sucede lo mismo al revés: a mayor discrecionalidad política e injerencia gubernamental en asuntos privados, crecen los oportunidades e incentivos para corromperse.
Basta observar las siguientes tablas para comprobar que, efectivamente, esta correlación se cumple: 16 de los 20 países menos corruptos del mundo se sitúan también entre las 20 economías más libres del planeta.
Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Canadá, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Luxemburgo, Finlandia, Países Bajos, Suecia y Alemania. Y viceversa: los países con mayor intervención pública son los más corruptos...
El problema es que entre las medidas anticorrupción adoptadas por el Gobierno español no hay ninguna tendente a propiciar un mayor grado de libertad económica, especialmente en el terreno urbanístico o la concesión de permisos y licencias de actividad empresarial -en este último caso se flexibilizaron algo los requisitos formales-, que es donde se concentran los casos de corrupción.