Si la gente no trabajara en negro, España ya hubiese estallado ¿Cuántas veces han oído esa frase a lo largo de la crisis? Seguro que una infinidad. Y es que la economía sumergida y, más concretamente, el empleo sumergido, es una realidad en el mercado laboral español. Tanto es así que el trabajo no declarado se ha convertido en una práctica socialmente aceptada en España.
Pero la definición de empleo irregular es un concepto muy amplio. En líneas generales, se considera toda actividad retribuida que sea legal en cuanto a su naturaleza, pero que no se haya declarado a las autoridades públicas, por lo que se excluye en esta definición las esfera de la actividad delictiva en la que se produce un intercambio de bienes y servicios ilícitos. Así, el empleo informal abarca desde servicios domésticos no declarados, hasta trabajos realizados por residentes ilegales o el empleado registrado oficialmente que recibe parte de su salario en B.
Para ahondar un poco más en las cifras de una actividad que es tan difícil de detectar, la ETT Randstad ha elaborado un informe titulado Flexibilidad en el trabajo 2014. El documento analiza el volumen del trabajo no declarado y la economía sumergida en España, Europa y las principales potencias mundiales.
En el caso español, una de las principales conclusiones es que el empleo no declarado representa un 18,6% de Producto Interior Bruto (PIB), lo que duplica las tasas de otros países del entorno como Francia o Reino Unido, ambas por debajo del 10%.
A nivel nacional, este porcentaje supone más de 190.000 millones de euros. En el ámbito internacional las cifras son aún mayores, ya que más de 1.800 millones de personas están empleadas en esta situación, lo que supone un 60% del total de trabajadores (3.000 millones).
Según el director de Relaciones Institucionales de Randstad, Luis Pérez, el fin del trabajo sumergido en España supondría 3,2 millones de empleos, ya que la EPA estima que hay 17,5 millones de activos totales. Esta cifra supera con mucha diferencia a la última que dio el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), que lidera el presidente de Telefónica, Cesar Alierta. El CEC publicó a principios de este mes que el empleo oculto representa el 11% del mercado laboral en nuestro país, 6,5 puntos menos que Randstad, lo que supondría alrededor de 1,85 millones de puestos de trabajo.
Tal y como se observa en el mapa, en Europa la economía sumergida derivada del empleo no declarado se sitúa de media en el 18%. Este dato se debe al mayor número de personas en esta situación laboral en los países orientales, como Bulgaria, donde la economía sumergida representa el 31% respecto a su PIB, Rumanía (28%) o Hungría (28%). En países centroeuropeos, como Luxemburgo, Austria o Países Bajos, estos índices oscilan entre el 7,5% y el 9,1%. En el caso de Alemania, la economía sumergida supone el 13% del PIB.
Más allá de Europa, se han analizado los cinco países con rentas más elevadas de la OCDE: Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda, todos ellos con índices por debajo del 10%, a excepción de Canadá, donde este tipo de actividad alcanza el 10,8%. Estados Unidos es el país con el menor volumen de empleo no declarado, con un 6,6% respecto a su PIB, lo que supone una tercera parte de los datos de España (18,6%).
Las causas del empleo sumergido
La parte de las razones que provocan la aparición de empleos en negro es donde el informe de Randstad se queda más flojo. Según sus expertos, la elevada presión fiscal no tiene una relación directa con el volumen de economía sumergida de un país, algo que choca (además de con el sentido común) con los datos que se extraen de un gran número de expertos e instituciones europeas.
Hay una larga lista de ejemplos que demuestran que un aumento de la carga fiscal en la economía formal incentiva la ocultación a Hacienda. No hay más que ver los datos que publica regularmente el Fisco para observar que en periodos de subidas de impuestos, en un gran número de ocasiones baja la recaudación. Uno los motivos que provoca la caída de los ingresos del Estado es, precisamente, que los contribuyentes orientan sus actividades a la economía en la sombra para evadir la carga fiscal.
El FMI ya ha pedido en numerosas ocasiones a los países europeos que reconsideren los costes que aplican a la contratación de sus empleados (presión fiscal y salarios mínimos), ya que esos mayores costes "se asocian a unas mayores tasas de paro".
Otra de las razones que da el estudio, y que parece más lógica para explicar el empleo sumergido, es la exigencia de una normativa asfixiante en materia laboral. "Cuando menores sean los requisitos para crear una empresa o para formar parte del colectivo de autónomos, menor será la economía sumergida", afirman.
El estudio también se ha parado en el apartado de la corrupción, donde el Índice de la Percepción de la Corrupción en España se sitúa en el puesto 40 de 117 países del mundo, 10 puntos menos que un año antes.
La corrupción en el sector público "influye de manera directa en el volumen de empleo no declarado. En esta línea, niveles elevados de corrupción en el sector público conllevan una mayor presencia de trabajo no declarado en el mercado laboral. El empleo sumergido supone una vía de escape para quienes se enfrentan a la corrupción cuando tratan de desarrollar su actividad profesional en dentro de la legalidad", afirma el informe.