Probablemente no haya demasiadas personas en el mundo contentas con su sueldo. No hay más que ver como algunos futbolistas renegocian una y otra vez contratos que al común de los mortales le parecen de otro planeta. Y es que todos queremos siempre más.
Eso sí, incluso admitiendo el estado de insatisfacción generalizada que existe sobre la remuneración de cada uno, parece que hay un cierto consenso en que los salarios en España, especialmente si se comparan con los de los países de su entorno, son tirando a bajos.
Las causas de esta realidad son muy diversas. Apuntamos hace unos días que, a nivel general, el principal determinante de los sueldos es la productividad. O por decirlo de otra manera: si queremos cobrar más, los españoles tenemos que ser más competitivos.
Como explicamos, hay una serie de factores que no ayudan: un gran peso en el PIB de sectores de poco valor añadido; una estructura empresarial dominada por las pequeñas compañías (con una incidencia enorme de las micropymes); un mercado laboral disfuncional, con una enorme tasa de temporalidad y de trabajo a tiempo parcial no deseado,…
Es cierto que nuestro país ha ganado competitividad en los últimos años a base de reducir los costes laborales y que eso ha ayudado a las exportaciones. Del mismo modo, también es verdad que, por lo general, España puede competir en costes con las grandes economías de la UE (somos más baratos que Alemania, Francia o Italia), con las ventajas para nuestros productos que se derivan de esta circunstancia.
Pero con todo Junto a esto, hay una circunstancia que se pasa por alto habitualmente: aunque en España los ingresos de numerosos trabajadores no son demasiado elevados, sí lo son en muchos casos los costes que soportan las empresas. El salario es el más importante, pero no el único determinante del coste laboral. Las cargas que el Estado impone (impositivas y normativas) también afectan. Y mucho. Son la otra cara de los salarios bajos.
Las cuentas de la empresa
En todo esto hay una cuestión que no siempre se tiene en cuenta. Empresario y trabajador tienen dos números diferentes en la cabeza. Para el empleado, lo importante es cuánto dinero llegará a su cuenta bancaria a fin de mes. Para la empresa, lo relevante es cuánto le cuesta ese trabajador. Y las dos cifras no es que sean diferentes, es que en muchos casos están a años luz una de otra.
Por ejemplo, si miramos al siempre polémico Salario Mínimo Interprofesional. Este sueldo en España es de 645 euros brutos al mes. Es, indudablemente, una cantidad muy reducida, con la que es difícil que alguien pueda pagar sus gastos corrientes. Pero cuidado, para el empresario el coste real, como explica en este detallado artículo Juan Ramón Rallo, es mucho más elevado.
Sólo con las cotizaciones sociales ya hay que sumarle un 30% adicional. Si a eso se le añaden los demás costes (días libres, el prorrateo de la indemnización por despido o el coste del capital, que podría estar invertido en otro activo), la cifra final ronda los 14.000 euros y casi dobla al sueldo que todos tenemos en la cabeza.
Por eso, Rallo concluye: "Mi punto no es que el salario mínimo sea muy alto desde la perspectiva del trabajador, que obviamente no lo es en absoluto, sino que, sobre todo en momentos de crisis, puede ser demasiado alto desde la perspectiva del empresario". Porque además hay que recordar que el SMI se paga a empleados de sectores de poco valor añadido o a empleados que, por sus circunstancias profesionales, son poco productivos (recién llegados al mercado, baja formación, personas que han estado mucho tiempo sin trabajar, etc…)
Evidentemente, lo mismo puede decirse para sueldos más elevados que el SMI. De hecho, en este caso puede ser incluso peor, porque los impuestos que el Estado detrae de la nómina van creciendo según lo hace ésta. Como ya explicara Manuel Llamas hace unos meses en Libre Mercado "la fiscalidad que soporta un salario medio en España ascendió al 41,4% en 2012, incluyendo IRPF y las cotizaciones sociales que pagan empleados y empresas, según los últimos datos disponibles de la OCDE. Esta cifra es casi seis puntos superior a la media de los países ricos (35,6%) y sitúa a España en el 12º puesto en lo que hace referencia a la tributación laboral".
Durante la crisis, precisamente en el momento en el que las empresas españolas necesitaban recuperar terreno y abaratar sus costes, la fiscalidad sobre el trabajo se ha disparado, retrotrayéndonos a los años 80 del siglo pasado, haciendo aún más complicado para las compañías mantener o subir los salarios.
En este sentido, el siguiente gráfico es significativo. Corresponde a la European Salary Survey 2013 de Deloitte y ordena a los países en función del coste para el empleador de un sueldo bruto de cerca de 22.000 euros (algo más elevado que el salario medio en España).
Puede verse claramente que nuestro país está en la parte alta de la tabla: es decir, es de los más caros. Para este nivel de sueldo, el empleado recibe sólo el 61% de lo que paga su jefe y eso que en esta cuenta no se incluyen otros costes regulatorios como el de despido.
Es cierto, hay países, como Francia o Bélgica, que están aún peor y en casi todos los casos puede verse una enorme diferencia entre los costes de la empresa y los sueldos netos. No es menos verdad que hay países, como Dinamarca, que han apostado por un esquema tributario diferente, con impuestos indirectos más altos (como el IVA) e impuestos directos al trabajo (IRPF) más reducidos.
Problemas añadidos
Pero en lo que respecta a España, hay varios problemas añadidos. En primer lugar, como apuntamos anteriormente, nuestro país tiene un problema de productividad, asociado a la formación, al tipo de carrera profesional y a la estructura empresarial. Por lo tanto, para competir en costes no podemos estar en la media.
En segundo lugar, hay que recordar los otros costes que antes sólo mencionábamos. La normativa laboral española es muy rígida y esto impone una carga extra a las empresas que, además del sueldo, impuestos y cotizaciones, tienen que pensar en guardar un pequeño remanente. Por ejemplo, por si necesitan ajustar su plantilla en un momento dado. Es imposible determinar a cuánto asciende esta cantidad y cómo influye en los salarios; pero, desde luego, lo hace y a la baja.
Por último, un recordatorio de una cuestión de pura lógica que nos lleva al comienzo del artículo. Los sueldos en España son más bajos que en otros países de la UE, con lo que un recorte estatal equivalente nos deja con mucho menos dinero disponible. En los sueldos más bajos (esos salarios de 700-800 euros que tanto abundan últimamente), esto se nota sobremanera.
De hecho, numerosos expertos han abogado por cambios en la normativa que permita a las empresas ahorrarse parte de la factura por cotizaciones para los salarios brutos más reducidos, a cambio de que este margen vaya a parar al trabajador.
Sería una forma de, sin incrementar el coste para la compañía, subir el sueldo neto de los empleados menos productivos. Pero claro, implicaría unos menores ingresos para el Estado y la necesidad de que el político de turno se apretase el cinturón. Por eso, más allá de alguna medida temporal como la famosa tarifa plana aprobada hace unos meses, nunca se avanzó en este sentido.