Un juez ha censurado a Hacienda por amnistiar a defraudadores de la "lista Falciani", así lo revela este domingo El País que recuerda que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero permitió regularizar a 558 personas y, así, evitar la cárcel.
El Gobierno de Zapatero decidió cobrar en lugar de castigar. Una vez recibida la "lista Falciani" en 2010 con los nombres de 659 defraudadores, la Agencia Tributaria no les abrió inspección fiscal, el proceso habitual al encontrarse pruebas de fraude, sino que les envió un requerimiento para que saldaran sus deudas. El resultado es que, gran parte de los defraudadores sospechosos, concretamente 558, de haber cometido un delito fiscal, al haber ocultado millones de euros en el HSBC de Ginebra, fueron automáticamente absueltos tras regularizar su situación.
Esa amnistía encubierta ha sido censurada ahora por el titular del Juzgado de lo Penal 20 de Barcelona, José Alberto Coloma, que considera que esa decisión tuvo un "dudoso soporte jurídico".
El juez hace esas consideraciones en la sentencia por la que condenó a tres meses de prisión y 34.448 euros de multa al empresario Rogelio Mestre, que basó su defensa en que, a él, Hacienda no le había hecho llegar el requerimiento de pago. Aseguraba que, de haberlo recibido, hubiera satisfecho su deuda y habría evitado la condena por un delito. El juez rechazó el argumento de Mestre al afirmar que el propio HSBC, al conocer que Falciani había filtrado los datos de 130.000 cuentas, le había avisado que la suya estaba entre estas.
Pero al hacerlo, el juez aprovechó también para cargar contra la decisión de Hacienda. Según la sentencia, tras recibir la "lista Falciani", "nada impedía legalmente a la administración tributaria iniciar una inspección en cualquier momento", algo que, asegura el juez, era además "su deber". La decisión de permitir regularizar sin condena "obedecía a una decisión de política fiscal de dudoso soporte jurídico ya que solo por ley podían haberse excluido responsabilidades tributarias", explica el magistrado.
Exactamente, de los 659 nombres de la lista, Hacienda consiguió enviar el requerimiento que les permitía regularizar a 558 . Las deudas de los restantes prescribieron. De todos los notificados, 306 presentaron declaraciones complementarias a las que se les impuso un recargo. Al final, Hacienda abrió inspección a 545 de los nombres de la lista: a los que no atendieron el requerimiento y a los que dieron explicaciones que no se consideraron satisfactorias.Prácticamente a todos se les acabó abriendo una inspección aunque, la mayoría, evitó la condena por delito fiscal al considerarse sus deudas regularizadas.
Entre las personas que se beneficiaron de esa decisión gubernamental se encontraba el banquero ya fallecido Emilio Botín, así como su hija Ana Patricia. Anticorrupción presentó denuncia contra ellos en la Audiencia Nacional, pero el caso se archivó después de que Hacienda comprobara que habían abonado los cerca de 200 millones que debían.