Los inquilinos morosos tienen los días contados. Al menos, eso es lo que pretende el Gobierno, que está estudiando la modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) aprobada el año pasado. Según informa el diario Cinco Días, el Ejecutivo entiende que existe margen para mejorar el proceso que se abre cuando un inquilino deja de pagar el alquiler a su casero. Por ese motivo, el Gobierno estudia qué cambios introducir en el procedimiento para facilitar el desahucio de inquilinos morosos y así incentivar a los propietarios a poner su casa en alquiler.
Cuando se aprobó la última LAU, ya se introdujeron cambios en este sentido, el famoso desahucio express, pero no han sido suficientes. El actual texto establece que en caso de morosidad, aunque sea un mes de impago, el inquilino tiene 10 días de plazo para pagar desde que recibe el requerimiento de abono. Si no lo hace, automáticamente se rescinde el contrato y se inicia el procedimiento de desahucio. Entonces, el desalojo podrá efectuarse 10 días después de que se inicie el proceso. Si el arrendatario paga, el proceso se paraliza automáticamente.
Hasta aquí la teoría. Según fuentes consultadas por el diario de Prisa, en la práctica, la realidad es bien distinta debido a que los inquilinos morosos suelen acudir a todos los mecanismos que contempla la ley actual para prolongar su estancia en la vivienda. Uno de los más utilizados es el arbitraje. Al final, los procesos se prolongan entre 8 y 14 meses.
Fuentes del Ejecutivo han admitido que la idea es establecer plazos más cortos para poder desalojar a los inquilinos morosos y establecer medidas que garanticen que los periodos establecidos se cumplan.