Solemos escuchar con frecuencia que la reforma laboral del Partido Popular fue una argucia política para favorecer a las grandes empresas. Supuestamente, la medida se adoptó con el único propósito de reducir los costes de los ajustes de plantilla de las grandes corporaciones, olvidándose de las necesidades reales que tenían las pymes españolas y que en ningún caso pasaban por una mayor flexibilidad laboral.
El discurso es especialmente recurrente entre los dirigentes de Podemos y de otros partidos satélites, los cuales buscan ofrecer una imagen de transversal moderación exonerando de sus críticas antimercado a los pequeños empresarios y concentrándolas en la intrínseca maldad de la casta corporativa. La reforma laboral es mala no porque beneficie a los empresarios, dicen, sino porque solo beneficia a la casta plutocrática.
El problema, claro está, es que la realidad casa mal con la ideologizada doctrina. Entre finales de 2011 y finales de 2013, la economía española perdió más de un millón de empleos, de los cuales el 60% eran contratos indefinidos y el 40% contratos temporales. Y, como podemos observar en la siguiente tabla, la mayor parte de la destrucción de empleo, tanto en términos absolutos como relativos, se concentró en las microempresas de hasta 9 trabajadores, mientras que las grandes empresas de más de 250 trabajadores fueron las que menos ocupaciones destruyeron en términos relativos. De hecho, es fácil comprobar que existe una relación inversa entre tamaño y caída de la ocupación: a mayor tamaño, menor reducción de la plantilla.
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Dado que la definición de pyme atañe a todas aquellas empresas con menos de 250 trabajadores, acaso convenga presentar las cifras de un modo más sintético: entre 2011 y 2013, las pymes destruyeron 830.000 empleos, esto es, el equivalente al 8,9% de todos sus puestos de trabajo; por el contrario, las grandes empresas perdieron 232.000 empleos (casi 600.000 menos), que equivalían al 4,4% de toda su plantilla. En suma: las pymes destruyeron el doble de empleo que las grandes empresas.
Los datos resultan especialmente ilustrativos en dos sentidos. Primero, y en contra del muy oficial discurso, España muy probablemente necesite de empresas de mayor tamaño: no hay motivo para enorgullecerse por el hecho de que seamos un país esencialmente de pymes (sobre todo cuando el crecimiento de éstas se halla artificialmente limitado por la legislación). Segundo, la reforma laboral ha beneficiado esencialmente a las pymes, a saber, a la parte más débil de nuestra economía y más necesitada de unos reajustes internos que la anterior normativa laboral encarecía arbitraria y absurdamente. Sin reforma laboral, el reajuste de las pymes españolas habría sido muchísimo más oneroso de lo que finalmente ha sido y muchas de ellas habrían tenido que desaparecer bajo el yugo de unos costes desproporcionados.
Quienes buscan revertir la reforma laboral y ahondar en las hiperregulaciones estatales –en lugar de profundizar en la muy necesaria liberalización de nuestra economía– no luchan contra los privilegios de la casta con el objetivo de proteger a la pyme: muy al contrario, buscar atenazar la libertad de todos los españoles para reforzar el poder omnímodo del Estado.