Álvaro Carvajal escribió en El Mundo un artículo sobre Pablo Fernández, "el socorrista que pide socorro". Resulta que "tras ayudar a decenas de desahuciados ahora es él quien no puede pagar su hipoteca". Declara el señor Fernández: "Puedo derrumbarme o seguir luchando y yo elijo seguir luchando", porque
todos los españoles, como dice la Constitución, tenemos derecho a una vivienda digna. Y yo creía que también la merecía.
Esta retórica es interesante. Don Pablo no ayudaba a los desahuciados dándoles su propio dinero o su casa, sino como activista de la Plataforma Stop Desahucios, es decir, no es una genuina ayuda, porque esa plataforma propicia la redistribución política de los daños, castigando al conjunto de los contribuyentes, y en particular a los trabajadores que sí pagan su hipoteca y a todos los vinculados a la banca, desde sus empleados hasta los millones de trabajadores que han ahorrado en sus acciones o fondos de inversión. Desde luego, es muy discutible que todo esto equivalga a ayudas, progreso, justicia, etc.
Pero, además, la lucha del señor Fernández es, como suele suceder, peculiar, y consiste en luchar para que el poder político obligue a otros ciudadanos a que le paguen su vivienda, porque evidentemente cuando él y nuestra Constitución hablan del "derecho a la vivienda" en ningún caso se refieren al derecho de don Pablo a tener una vivienda si la paga. Obviamente no es así. Pero si él la va a tener, porque la merece, entonces otro va a ser obligado a pagar por él.
Es notable cómo nadie piensa nunca en ese otro, nadie pide nunca socorro para las mujeres y los hombres de la comunidad, Pablo incluido, que se ven forzados por el poder a pagar, porque otros merecen ayuda y socorro.