El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto este jueves una fianza por responsabilidad civil de 19 millones al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa y al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, al considerarlos responsables de todos los gastos llevados a cabo con las tarjetas opacas.
El instructor da una plazo de tres días hábiles a los ex-banqueros para que depositen dichas fianzas. Si no lo hacen se procederá al embargo de sus bienes.
El juez ha impuesto a Blesa una fianza de 16 millones de euros y a Rato una de tres millones, calculada teniendo en cuenta el dinero que durante el mandato de cada uno como presidente se gastó de forma presuntamente ilícita, sumado al 25 por ciento mínimo que recoge la ley que se puede imponer en estos casos.
Andreu ha adoptado esta decisión a petición del fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón que solicitó que se le impusiera una fianza de 15,2 millones a Blesa –esa es la cuantía que se gastaron con las tarjetas B mientras el estuvo al frente de Caja Madrid- y 245.000 euros para Rato, parte proporcional del gastos de los plásticos por el período de tiempo que presidió Bankia.
Esas cifras más el 25 por ciento previsto en la ley suman los 19 millones de euros que Miguel Blesa y Rodrigo Rato deberán antes del próximo miércoles.
El fiscal solicitó esa fianza para ambos expresidentes por ser los "máximos responsables por velar los fondos y la política retributiva de la entidad bancaria". A la petición de Anticorrupción se ha adherido el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Por su parte, el juez se mostró favorables a acordarlas al considerar que ambos imputados podrían haber cometido un delito continuado de administración desleal al ser los responsables de todos los pagos llevados a cabo con estas tarjetas. En un auto Andreu explica que se trata de conductas que sanciona "a los administradores de una sociedad que realicen conductas causantes de perjuicios, con abuso a las funciones propias de su cargo".
Son fianzas para asegurar las responsabilidades pecunarias como las multas que se le pueden terminar imponiendo ante una posible condena. No se trata, por tanto, de una medida cautelar para evitar su ingreso en prisión.