La Comisión Europea ha recomendado este lunes a España restringir la aplicación del IVA reducido y las exenciones a este impuesto, aumentar los impuestos medioambientales dirigidos a reducir las emisiones de CO2 y tomar medidas para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de ciudadanos y empresas.
En su informe anual sobre las reformas tributarias en los países de la UE, el Ejecutivo comunitario señala que España tiene un nivel relativamente bajo de carga fiscal (la proporción de impuestos respecto al PIB se sitúa en el 33,5%, por debajo del 39,9% de media en la UE) y por tanto cuenta con margen para aumentar los impuestos, especialmente los que provocan menos distorsiones.
No obstante, España ha mejorado la sostenibilidad de sus finanzas públicas respecto al año anterior y ya no se considera de alto riesgo en esta área, según Bruselas. Entre los países que sí necesitarían subir los impuestos como parte de sus esfuerzos de consolidación, el estudio señala a Bélgica, Francia, Irlanda, Portugal y Reino Unido. Pero sólo los tres últimos tienen margen para hacer este aumento.
España tampoco aparece ya entre los países donde es más urgente un desplazamiento de la imposición consistente en reducir las cotizaciones sociales y compensar la pérdida de ingresos subiendo el IVA, los impuestos medioambientales o los que gravan la propiedad.
En este sentido, la Comisión cree que España tiene margen para llevar a cabo este desplazamiento fiscal, ya que la carga tributaria sobre el consumo y el medio ambiente es más baja que la media de la UE, pero no lo ve necesario porque los impuestos sobre el trabajo no son excesivos. Los países donde esta reforma es más necesaria son Bélgica, República Checa, Francia, Italia, Letonia, Hungría y Rumanía.
Mejorar la estructura del IVA
En todo caso, el Ejecutivo comunitario sí recomienda a España mejorar la estructura de su sistema de IVA, en particular restringiendo la aplicación del tipo reducido y también las exenciones. Según los datos de Bruselas, la ratio de ingresos de IVA (el porcentaje teórico de ingresos si todos los consumos se gravaran al tipo normal) de España se sitúa en el 41,6% (frente al 48,8% de media en la UE). España está también entre los Estados miembros que más ingresos del IVA pierde por fraude y errores (el 23,7% de la recaudación total). En la misma situación que España se encuentran Irlanda, Grecia, Italia, Polonia y Reino Unido.
En cuanto a los impuestos medioambientales, el informe recuerda que España está -junto con Bélgica, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Austria y Finlandia- entre los países que debe hacer más esfuerzos para cumplir sus objetivos de reducción de emisiones de CO2 de aquí a 2020 y sugiere hacer un mejor uso de los impuestos medioambientales para lograrlo.
Finalmente, Bruselas recomienda a España tomar más medidas para mejorar la lucha contra el fraude y la elusión fiscal y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Retrasos en la reforma laboral
Por otro lado, los inspectores de la Comisión y del Banco Central Europeo (BCE) han constatado que la recuperación de la economía española "ha cobrado impulso" durante el año 2014, pero han reclamado al Gobierno que siga "vigilante" y han criticado el retraso en algunas reformas, en particular la segunda ronda de la reforma laboral, la ley de liberalización de los servicios profesionales o la ley de desindexación.
Así se recoge en las conclusiones de la segunda misión del Ejecutivo comunitario y el BCE a Madrid tras el fin del rescate bancario de 41.300 millones de euros, que tuvo lugar del 6 al 10 de octubre. Los inspectores señalan que la liquidez de la banca española sigue mejorando, pero avisan de la presión sobre los beneficios por la caída de los niveles de intermediación y piden mantener niveles adecuados de provisiones y colchones de capital.
"La reciente evolución económica y financiera confirma las tendencias positivas de estabilización que se han ido produciendo en los últimos dos años", resalta el informe preliminar de los inspectores sobre la economía y la banca españolas. "No obstante, es importante mantenerse vigilantes, ya que los grandes desequilibrios del periodo previo a la crisis y los retos político en el mercado laboral y más allá son todavía sustanciales", avisan.
"Es primordial la aplicación completa y eficaz de la agenda de reformas y, cuando sea necesario, su refuerzo adicional", apuntan la Comisión y el BCE, que reclaman la implicación de todos los niveles de Gobierno en España y la revisión de los resultados de las reformas.
Progreso desigual en las reformas
Los inspectores indican que la aplicación de las reformas estructurales "ha progresado" durante los últimos seis meses, pero "de forma desigual entre diferentes áreas políticas". Entre los avances, citan la reforma de la ley concursal, la reducción de requisitos de licencia para comercios o la aplicación gradual de la ley de unidad de mercado o la reforma de la administración pública.
No obstante, apuntan que la reforma de las políticas activas de empleo se está convirtiendo en "un proceso complejo y largo, cuyo impacto sobre el terreno tardará en sentirse". "Al mismo tiempo, no hay más reformas previstas para afrontar el alto grado de dualidad en el mercado laboral", critican la Comisión y el BCE.
En cuanto a la reforma fiscal, el informe señala que "es el primer paso para una simplificación global del sistema fiscal", pero avisa de que "puede complicar el logro de los objetivos presupuestarios" de reducción del déficit. La autoridad fiscal independiente ha empezado a funcionar, "aunque con retraso".
"Otras medidas señeras han sufrido retrasos, como la aprobación parlamentaria de la ley de desindexación y, de forma más prominente, la ley de servicios profesionales y asociaciones, que hasta ahora no se ha presentado al Parlamento", lamentan la Comisión y el BCE.