Los trabajadores de baja cualificación que entraron en el mercado laboral a partir de 1984 habrán ganado un 22% menos de media y habrán trabajado 200 días menos que aquellos que lo hicieron unos años antes. Éstas son las conclusiones del estudio que José Ignacio García Pérez, Ioana Marinescu y Judit Vall Castello han realizado para Fedea y que fue publicado este miércoles.
En aquel año, se aprobó la reforma que generalizaba el uso del contrato temporal en el mercado de trabajo español. El objetivo era buscar acomodo a los miles de nuevos parados que se sumaban a las listas del INEM cada día. A corto plazo, parece que tuvo algo de éxito. A medio y largo plazo, las conclusiones no son nada positivas.
Si hay una palabra que se asocia con los males del mercado de trabajo español (además de paro), ésa es "dualidad". Así, la diferencia en las condiciones de fijos y temporales ocupa buena parte de casi cualquier estudio, informe, artículo o análisis que se haga sobre nuestras leyes laborales. Y no es un debate nuevo.
Desde que hace tres décadas se generalizase el empleo temporal, es una cuestión que está sobre la mesa de todos los gobiernos. De hecho, todas las reformas que se aprueban se supone que van dirigidas a poner freno a la tendencia. Ninguna lo ha conseguido.
Teóricamente, los empleos temporales tienen una doble finalidad. Por una parte, cubrir parte de la demanda de los empresarios en aquellos sectores estacionales, en los que existen picos de ocupación (la agricultura y el turismo son los mejores ejemplos). Pero además, la idea es que los contratos temporales sirvieran de trampolín a los colectivos con más dificultades de acceso al mercado: jóvenes, parados de larga duración, personas sin formación,...
Como apuntamos, éste era el objetivo de la reforma de 1984, la que generalizó la temporalidad en España. En aquel momento, nuestro país destruía miles de empleos cada día. La legislación laboral, heredera del franquismo, imponía unos elevados costes de despido (entre los más altos de la UE) que las empresas no estaban dispuestas a asumir. La solución que se encontró fue la creación de un contrato temporal que no se limitase a aquellas actividades con un componente cíclico. Con un paro que ronda el 25% y la tasa de temporalidad más elevada de la Eurozona, parece claro que no era la mejor alternativa.
El muro
El problema con los contratos temporales en España es que no sirven como trampolín. Ni siquiera son una rampa por la que, mal que bien, pueda ascenderse. En realidad, son más bien como un muro al que se enfrentan aquellos que entran en la rueda del encadenamiento de empleos de corta duración, especialmente los jóvenes de baja cualificación.
En este sentido, los datos del informe de Fedea son descorazonadores:
Los trabajadores afectados al inicio de su vida laboral por la reforma de 1984 trabajaron, en media, casi 200 días menos, computados desde su entrada en el mercado de trabajo hasta el año 2006, que los que iniciaron su vida laboral cuando la reforma de 1984 no estaba vigente.
Asimismo, han acumulado unas rentas salariales desde su entrada al mercado de trabajo hasta finales del año 2006 un 22% inferiores a los que entraron al mercado de trabajo unos meses antes a ellos.
Estas importantes pérdidas no solo son la consecuencia de haber trabajado menos días a lo largo de su carrera laboral, sino que también responden a las penalizaciones asociadas con el trabajo con contrato temporal y con el efecto negativo que tiene sobre las ganancias salariales el paso por una situación recurrente de desempleo.
Sólo hay un matiz positivo. La reforma sí sirvió para incorporar al mercado de trabajo a jóvenes que de otra forma se habrían quedado fuera (o les habría costado más entrar).
De esta forma, "la probabilidad de estar trabajando antes de cumplir los 20 años se eleva para los que entraron en el mercado de trabajo tras la reforma de 1984 es, ceteris paribus, un 14% más alta que para los que empezaron a trabajar antes de dicho año".
La trampa
Por lo tanto, parece que el problema no es tanto el uso inicial del contrato temporal (como medio de entrada al mercado) como el hecho de que se haya convertido en el modo de vida habitual de trabajadores y empresas.
De esta manera, se forma una trampa que atrapa a muchos trabajadores. Como son temporales, no se forman, ni van creciendo en su puesto de trabajo, ni pueden desarrollar una carrera convencional (de abajo a arriba). Y como en su CV no pueden ofrecer una experiencia duradera en ningún sector o empresa, también tienen menos posibilidades de que les ofrezcan un puesto que suponga un salto profesional cualitativo.
Al final, las consecuencias pueden verse de forma inesperada: por ejemplo, según el informe Piaac de la OCDE sobre competencias entre los adultos, España está a la cola de los países ricos, algo que puede asociarse a la falta de formación de sus trabajadores.
Aquí la pregunta que hay que hacerse es por qué las compañías españolas recurren tanto a este modelo. Según los datos de Eurostat, a finales de 2013, el 23,1% de los trabajadores de nuestro país tenía un contrato de duración limitada (temporal), frente al 13,8% de media de la UE. Sólo Polonia nos supera en este aspecto. Y eso que la cifra ha caído desde que comenzó la crisis, puesto que la destrucción de empleo se ha cebado con los temporales, que en 2006 suponían el 34% del mercado laboral.
En teoría, a las empresas no les favorece tener empleados temporales para tareas que no están destinadas a este tipo de trabajadores. Desde el punto de vista de la formación y de la creación de valor a medio plazo, todos los estudios coinciden en que es mejor tener empleados fijos, más motivados y con mayores conocimientos del funcionamiento interno de la empresa y del sector.
Entonces, si es malo para la empresa y para el empleado, ¿por qué se hace? Como explica José Ignacio García Pérez, uno de los autores del estudio, "el muro existe por las enormes diferencias de coste en el despido entre un temporal y un indefinido. Antes de la reforma de 2012, la diferencia era de 8 a 45 días. Ese muro era lo que hacía que no se firmaran casi contratos indefinidos. La reforma de 2012 intentó reudcir el muro, pero se quedó muy corta. Ahora es de 12 a 33. Casi el triple". Y estos son los números que se hacen los empresarios cuando llega el fin de un contrato temporal y debe decidir si hace indefinido a ese trabajador o busca a otro temporal.
Aunque España no es un caso aislado (en Portugal, Francia o Italia existe un problema similar), sí es único en su magnitud. En otros países de la UE, las diferencias en los despidos de fijos y temporales son mínimas o inexistentes. De hecho, en esta cuestión parece haber acuerdo: hay que igualar las condiciones de unos y otros. En lo que se difiere es en cómo hacerlo: los sindicatos siempre han abogado por eliminar los temporales de un plumazo. Todos indefinidos y con despidos a 33 (antes a 45) días.
García Pérez no es partidario de esta alternativa: "No puedes ponerle a todo el mundo 33 porque te vas a los costes de despido más altos de Europa". En este sentido, hay que recordar que Fedea fue una de las primeras instituciones que puso sobre la mesa el debate sobre el contrato único con indemnización creciente, que empezaría con el coste actual para un temporal (12 días) e iría subiendo año a año hasta los 33 días.
Un debate que se complementa con el de la mochila austriaca, la bolsa individual que cada empleado va generando con sus derechos de despido, y que se lleva con él en cada cambio de empleo, pudiendo incluso acumularla para la jubilación. Como explica García Pérez, "la clave es que todos los contratos tengan la misma estructura de despido. Lo importante no es que sea único, sino que esté unificado".