El Ministerio de Hacienda estudia incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015 la devolución de parte de la paga extra de Navidad de los funcionarios suprimida en 2012, tal y como se había comprometido el Gobierno. Las cantidades pendientes se reintegrarían en el año 2016 o sucesivos.
Ahora bien, el departamento que dirige Cristóbal Montoro no descarta devolver en metálico esta retribución, en lugar de hacerlo en forma de aportaciones a fondos de pensiones, como planteó en un primer momento.
Según han indicado fuentes sindicales a Europa Press, desde diferentes niveles del Gobierno y del PP se ha trasladado a las centrales que cabría esta posibilidad de pagar a los funcionarios en metálico. Una opción que han reclamado los sindicatos alegando que no todos los funcionarios afectados por la medida cuentan con fondos de pensiones y, sobre todo, que es necesario reintegrar la paga "en dinero y ya".
Tal y como se señala en una información publicada este martes en el diario El País, sobre el Gobierno pesa, no sólo la promesa realizada por Montoro de devolver la paga extra a partir de 2015, sino también el hecho de que los presupuestos del próximo año son los últimos de la legislatura y las próximas elecciones municipales y autonómicas se celebran ya en el mes de mayo.
Así, las mismas fuentes ven posible que estos condicionantes lleven a Ejecutivo a tener un "gesto" con los empleados públicos, en tanto que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, trasladó a los sindicatos de la función pública en una de las últimas reuniones de la mesa de negociación en este ámbito que existe margen presupuestario para ello.
Así pues, el inicio del pago de la paga extra desde 2015 en metálico "está encima de la mesa", reiteran las mismas fuentes, que apostillan, con todo, que se trata de una cuestión que aún no ha sido tratada de forma explícita en ninguna reunión formal.
La paga extra de Navidad del año 2012 fue suprimida por el decreto antidéficit de 12 de julio de ese mismo año, con un ahorro para las arcas del Estado cercano a los 1.000 millones de euros.
Desde entonces, los únicos pasos para devolver parte de las cantidades detraídas a los funcionarios los han dado la Comunidad Valenciana, La Rioja, Extremadura, Canarias y Castilla y León. Estos gobiernos regionales han accedido a devolver la parte devengada de dicha paga 'extra' hasta el momento de la entrada en vigor del decreto.