El Gobierno permitirá quitas sin límite en los convenios de acreedores y una mayor duración de los mismos con el objetivo de que las empresas viables pero sobreendeudadas puedan cumplir con estos acuerdos y, de esta forma, garantizarse su continuidad.
Esta modificación forma parte del proyecto de ley de medidas urgentes en materia concursal remitido al Congreso de los Diputados, al que ha tenido acceso Europa Press. La medida aplica a los convenios de acreedores parte de una filosofía ya incluida en el real decreto ley 4/2014 sobre refinanciación.
Frente a las esperas actuales de cinco años y las quitas de hasta el 50%, la nueva norma amplía "notablemente" las condiciones de los convenios. Las duraciones serán más elevadas y las quitas serán "sin límite", al tiempo que se facilitará la conversión de deuda en capital social, préstamos participativos y cesiones en pago.
La decisión de ampliar el actual periodo de cinco años de los convenios parte de las advertencias lanzadas por informes como los de la Fundación BBVA y el Ivie, en los que se indica que una de cada cuatro empresas españolas necesita el beneficio de diez años para devolver su deuda, casi el doble que la media europea.
En la memoria económica de la norma, que recoge Europa Press, el Gobierno indica además que la deuda de las empresas españolas no financieras se triplicó desde la entrada en el euro y 2010, y ha pasado de suponer el 50% del PIB al 144%. La baja inflación actual hace que el proceso de desapalancamiento se haga más "lento y costoso", señala.
Otro de los motivos que han animado al Ejecutivo a modificar la legislación concursal se refiere al alto porcentaje de empresas que inician estos procedimientos y acaban en liquidación. Si en Reino Unido esta tasa ronda el 80% y en Francia el 70%, en España supera el 94%.
Mayoría entre los acreedores
Aparte de las quitas y la ampliación de periodos, la nueva norma incluye reglas que faciliten la creación de mayorías entre los acreedores, que quedarán organizados por grupos.
Otra de las medidas consiste en que la administración concursal, al realizar el inventario de la empresa, incluya una valoración tanto del conjunto como de sus distintas unidades.
En todo caso, el Gobierno ratifica su objetivo de que la norma sirva para promover la venta del conjunto de la empresa durante los procesos concursales, y no de sus distintas unidades por separado.
Este despiece de los distintos activos de la empresa, advierte, es uno de los aspectos que impide el mantenimiento de la actividad productiva y de los puestos de trabajo.