Más allá de ciertas ridículas y anecdóticas salidas de tono, resulta del todo punto lógico y saludable debatir sobre los límites de la interacción entre el Estado y los liberales. Al cabo, el liberalismo es una corriente de pensamiento que impulsa la reducción del sector público a su mínima expresión (cuál sea esa mínima expresión posible y adecuada es otro debate), por lo que evidentemente resulta cuestionable que un liberal se mezcle con organismos públicos que propugna eliminar.
De entrada, es obvio que la radical coherencia de un liberal con los principios de una sociedad liberal sólo podría observarse en caso de que se hallara inmerso en esa sociedad liberal. Fuera de la misma, casi cualquier curso de acción que adopte estará "contaminado" por las influencias antiliberales que ese liberal justamente quiere eliminar. Lo mismo vale para un comunista: su radical coherencia con los principios que predica sólo podría observarse en una sociedad comunista.
Se podría tildar de incoherente al comunista que quiere socializar los medios de producción y, sin embargo, compra en los supermercados las mercancías que necesita para alimentarse por más que las crea fruto de la explotación laboral. Siguiendo esa línea, también podría tildarse de incoherente a un liberal que aparezca o vea una televisión pública que quiere privatizar, que haga uso de una moneda fiat que quiere eliminar, que acuda a un hospital público que desea liberalizar o que camine por una calle que aspira a comunitarizar. Pero elevar hasta ese nivel de exigencia la vara de medir de la coherencia ideológica supone dinamitar la utilidad y razonabilidad de cualquier test de coherencia ideológica: simplemente, medir la coherencia de aquellas personas que buscan alterar ampliamente el statu quo por su nivel de subversión y desafío frontal —y violento— al statu quo implica convertirles en mártires de su causa ideológica. ¿Acaso no es posible vivir dentro del statu quo defendiendo un cambio del mismo?
Por supuesto, lo anterior no significa que los liberales puedan realizar cualquier actividad sin ser tildados de incoherentes. Un liberal que cabildeara para que el político de turno creara una nueva subvención de asignación ad hoc sería incoherente; como lo sería un ecologista que promoviera la prohibición de las corridas de toros y, mientras tanto, fuera a las plazas de toros a disfrutar de ellas; o como lo sería un comunista que no sólo crea una empresa, sino que intenta pagar el salario más bajo posible a sus trabajadores. En todos estos casos, estaríamos ante claros ejemplos de hipócrita oportunismo ideológico.
El martirio y el oportunismo serían los dos extremos diáfanos de qué cabe entender (o no entender) por coherencia ideológica. Entre esos dos extremos nos encontramos, como siempre, con zonas grisáceas y debatibles. ¿Puede un comunista constituir una empresa mientras defiende la necesidad de socializar internacionalmente los medios de producción? ¿Puede un comunista comprarse un iPhone fabricado por trabajadores "explotados"? ¿Puede un médico que considera preferible un modelo de sanidad privada trabajar para la sanidad pública? ¿Puede un liberal que defiende la privatización de todos los medios de comunicación estatales participar como colaborador en uno de ellos?
Diría que la coherencia de las interacciones de un liberal con el Estado se puede fiscalizar desde los siguientes parámetros: a) que el cometido de esa interacción no sea abiertamente antiliberal, b) que el liberal no obtenga un lucro desproporcionado (privilegiado) por su interacción con el sector público, c) que el liberal no intente consolidar los elementos antiliberales (financiación a costa de los contribuyentes o privilegios regulatorios) del organismo con el que se relaciona. Es decir, un liberal no podría coherentemente ni ejercer de, por ejemplo, torturador a sueldo del Estado, ni percibir cobros —en metálico o en servicios— del Estado que carezcan de cualquier justificación razonable (no sólo porque sean muy superiores a los impuestos que ese mismo liberal le paga al Estado, sino también porque tales cobros se hallen muy por encima del valor de mercado de la actividad desempeñada por el liberal), ni defender la supervivencia del organismo público con el que se interrelaciona si defiende la privatización de otros organismos públicos asimilables.
Diría que estos tres criterios son parámetros razonables de coherencia ideológica que no se escoran ni hacia el inexigible martirio ni hacia el hipócrita oportunismo: ni hacen inviable la sociabilidad —e incluso la supervivencia— dentro del statu quo de quienes pretenden modificar profundamente ese statu quo, ni tampoco otorgan una carta blanca a la perversión de los principios que se dicen defender. De acuerdo con lo anterior, pues, un médico sí podría coherentemente trabajar para la sanidad estatal defendiendo al mismo tiempo la conveniencia de privatizarla y un economista liberal sí podría colaborar con una televisión estatal que defiende privatizar.
Ese último es mi reciente caso que tanta polémica ha generado en redes sociales y algunos medios de comunicación: ni acudo a TVE para transmitir un mensaje antiliberal —más bien al contrario: gran parte de las críticas se deben precisamente a que voy a transmitir un mensaje liberal—, ni obtengo un lucro desproporcionado y privilegiado —no sólo sigo pagando muchos más impuestos de los cobros en metálico o especie que recibo del Estado, sino que el importe de la colaboración se halla al nivel, o por debajo, de colaboraciones análogas en medios privados—, ni defiendo la supervivencia de este organismo público —como tengo ocasión de repetir cada vez que se me pregunta al respecto—.
Pese a lo anterior, por supuesto también cabe la posibilidad de que otra persona ofrezca otros criterios para medir la coherencia ideológica y, según esos criterios alternativos, me tilde de incoherente con mis planteamientos liberales. Lo respeto aunque sólo sea porque, como ya dije, la zona entre el martirio y el oportunismo se trata de una zona gris donde caben diversas perspectivas. Por mi parte, ante la razonable duda, prefiero seguir acudiendo a tantos medios de comunicación como se me invite para defender las ideas liberales.
Ahora bien, que estemos en una zona gris también implica que quienes se rasgan las vestiduras por observar una indubitada, absoluta, incuestionable e inadmisible incoherencia liberal en mi colaboración con TVE, en realidad sólo están sobredimensionando su indignación para enmascarar el auténtico motivo de su enfado: que las opiniones liberales puedan ser escuchadas, aunque sea en un formato muy reducido, desde un medio público. Es la pulsión censora, esa misma que no pueden manifestar abiertamente cuando se trata de un medio privado, lo que en el fondo mueve a quienes hacen un absoluto casus belli del asunto: el deseo de mantener abierta TVE para convertirla en foco de pensamiento antiliberal en tanto en cuanto ningún liberal, aunque la costee con sus impuestos, debe tener cabida en ella. Lejos de promover el debate plural que dicen defender, se enrocan en el sectarismo ideológico, acaso inseguros de la solidez de sus posiciones.
En suma, del mismo modo que no debería verse como incoherente el que un comunista trabaje en una empresa capitalista en lugar de en una cooperativa teniendo la opción de hacerlo, tampoco, creo, debería verse incoherente el que un liberal trabaje en un hospital, en una universidad o en una televisión pública. Su coherencia o incoherencia no debería medirse por criterios tan irrealmente maximalistas en una sociedad muy alejada de sus ideales, sino con una vara de medir más razonablemente ajustada a la realidad: ¿ejecutan acciones antiliberales, obtienen prebendas ad hoc por su connivencia con el poder político o promueven un mantenimiento o acrecentamiento de aquellas áreas del Estado de las que salen directamente beneficiados? Si se dan algunas de estas circunstancias, claro que debería calificarse al liberal de incoherente. En mi caso, ya lo dije y lo repito: todos los medios de comunicación estatales, incluida TVE, deberían dejar de ser financiados coactivamente por los contribuyentes lo antes posible. Pero que no lo sean no debería ser óbice para defenderlo, también, desde esos propios medios de comunicación estatales.