Si la primera auditoría del Plan E supuso un duro golpe a los defensores de las políticas de estímulo, la evaluación de la segunda fase resulta aún es más demoledora. De acuerdo con el Tribunal de Cuentas, el 42% de los contratos se adjudicaron "a dedo".
Ya está disponible la auditoría del segundo Plan E aprobado por la anterior Administración Zapatero, y lo cierto es que el informe no deja títere con cabeza. De acuerdo con la fiscalización del Tribunal de Cuentas, el polémico plan de estímulo económico estuvo marcado en su segundo capítulo por la falta de transparencia y la escasa utilidad de los proyectos ejecutados.
La iniciativa, aprobada en octubre de 2009, movilizó un total de 5.000 millones de euros, canalizados a través del llamado "Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local". De acuerdo con la auditoría ahora presentada, el 42% de los recursos públicos destinados al programa fue adjudicado "a dedo", mediante procedimientos en los que la opacidad de las Administraciones fue la norma. Hablamos, pues, de 2.100 millones de euros que contaron con nula o escasa publicidad.
Sin embargo, el ente auditor va más allá y afirma, además, que casi en el 90% de los expedientes del segundo Plan E no se justificaron los criterios escogidos para licitar las obras o servicios encomendados a los proveedoras correspondientes. En este sentido, no sorprende que el 56% de las adjudicaciones "no acreditase la necesidad pública de inversión", algo que violaría el artículo 22 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Nula creación de empleo
El Tribunal de Cuentas destaca también que, aunque la creación de nuevos puestos de trabajo fue una de las principales razones por las que el Ejecutivo español impulsó este programa de gasto público, los datos muestran que el segundo Plan E apenas alteró las listas del paro. Así, el 43% de los proyectos incluidos en el programa de estímulo del gobierno socialista no generó ni un solo puesto de trabajo.
El descontrol fue tan significativo durante el desarrollo del segundo Plan E que un 13% de las empresas que aseguraron a las Administraciones Locales que contratarían a trabajadores sin empleo acabaron omitiendo esta promesa y violando así el acuerdo establecido con los Ayuntamientos.
Por otro lado, en regiones como Castilla y León, Navarra, La Rioja, Baleares, Aragón y País Vasco más del 50% de las adjudicaciones no llevaron parejo ningún tipo de compromiso de contratación de nuevos trabajadores, a pesar de que este era un objetivo central del Gobierno.
Llueve sobre mojado
Cierto es que ninguna de esta revelaciones sorprenderá a quienes siguieron de cerca la fiscalización del primer Plan E. Según la auditoría del Tribunal de Cuentas, el anterior Ejecutivo socialista movilizó entonces más 8.000 millones de euros a través del Fondo Estatal de Inversión Local, pero apenas el 4% de los trabajadores contratados para estos servicios mantenían su empleo en 2011.
Según el PSOE, el programa iba a suponer 420.000 nuevas contrataciones, si bien la cifra final se quedó en 201.000 personas. A largo plazo, el Gobierno esperaba que la iniciativa generase 271.000 empleos permanentes, aunque la cifra disponible a finales de 2011 solamente llegaba a 8.000 personas.
Esto significa que, tras un gasto total de 8.000 millones de euros, las Administraciones solamente generaron 8.000 empleos no temporales. Por tanto, cada puesto de trabajo estable fue ligado a un gasto aproximado de un millón de euros. Para colmo, el Tribunal de Cuentas también subrayó entonces que siete de cada diez proyectos financiados no acreditó la "necesidad de inversión pública".
Fijándonos en todos los empleos creados por el primer Plan E, el coste para el contribuyente por cada contratación temporal o indefinida osciló entre los 40.000 y los 50.000 euros. Peor aún fue el desempeño del "Plan Ingenio 2010", una iniciativa paralela que, a cambio de un desembolso de 3.000 millones de euros, supuso un subsidio equivalente a 100.000 euros por cada contrato generado.