El expresidente de Gowex, Jenaro García, ha pagado ya la fianza de 600.000 euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para evitar su ingreso en prisión, aunque deberá entregar su pasaporte y no podrá abandonar el territorio nacional.
Fuentes jurídicas han informado de que el pasado sábado se hizo efectiva la transferencia que la mujer del fundador de Gowex, Florencia Maté, ordenó el pasado 17 de julio desde una cuenta del Banco Popular de Luxemburgo por importe equivalente a la fianza fijada por el magistrado.
Asimismo, Maté transfirió el resto del dinero depositado en esa cuenta, que según ella misma confesó rondaba los cinco millones de euros, para ponerlo a disposición de la Audiencia Nacional.
Pedraz dejó en libertad bajo fianza de 600.000 euros a García el pasado 14 de julio, después de interrogarle en una comparencia en la que el principal imputado del caso reconoció haber estado falseando las cuentas de Gowex durante la última década.
El juez le dio en un principio 15 días para depositar la fianza, pero finalmente decidió ampliar este plazo hasta hoy a petición del fundador de la empresa de redes wifi. Una vez que ya ha prestado esa cantidad, el juez ha acordado retirarle el pasaporte, prohibirle abandonar el territorio nacional y obligarle a comparecer mensualmente en el Juzgado, tal y como pidió la Fiscalía Anticorrupción.
Por otra parte, las fuentes consultadas han explicado que el socio de M&A José Antonio Díaz Villanueva, que auditó las cuentas de Gowex, aún no ha pagado los 200.000 euros de fianza que le fijó el juez el pasado 18 de julio para no ir a la cárcel. De no hacerlo antes de esta medianoche, el juez ordenará mañana su ingreso en prisión.
En total, el magistrado mantiene a nueve personas imputadas en esta causa: Jenaro García y su mujer, la ex-consejera Florencia Maté; Díaz Villanueva; el director financiero Francisco Martínez Marugán, que el pasado viernes evitó su ingreso en prisión al pagar 50.000 euros de fianza, y cinco testaferros.
Todos ellos están imputados por delitos societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas y otros relativos al mercado de los consumidores, concretamente el de falseamiento de información económica y financiera, así como uno de uso de información relevante.