El Gobierno lleva semanas anunciando a bombo y platillo una rebaja de impuestos que, en realidad, no es tal, y cuyo único fin, lejos de aligerar la pesada carga tributaria que soportan los contribuyentes, no es otro que el de frenar la ingente sangría de votos perdidos en los últimos dos años de cara a las próximas elecciones municipales, autonómicas y, en última instancia, generales.
La mal llamada "reforma fiscal" que acaba de aprobar el Consejo de Ministros blinda, de una u otra forma, el insostenible y confiscatorio esfuerzo tributario que impone Hacienda al conjunto de familias, trabajadores y empresas españolas. No en vano, el propio Ejecutivo de Mariano Rajoy reconoce abiertamente que su principal objetivo es mantener la presión fiscal por encima del 38% del PIB.
Es decir, su verdadera intención no es, en ningún caso, recaudar menos dinero, sino lo mismo o incluso más que en la actualidad para sostener en pie el mastodóntico sector público. Para ello, si bien es cierto que se reducen ligeramente los tipos del IRPF y Sociedades, Hacienda confía en que la recuperación económica se traduzca en un progresivo incremento de los ingresos fiscales como consecuencia del repunte de la actividad empresarial y del consumo.
En este sentido, lo primero que cabe destacar es la arriesgada estrategia del Gobierno, puesto que la recaudación es, por definición, un indicador incierto, dependiente de múltiples variables que escapan al control directo del Estado, a diferencia de lo que sucede con el gasto público. De este modo, si las previsiones oficiales de crecimiento y recaudación fallan, la reforma fiscal se podría traducir en un mayor déficit público o, como mínimo, el incumplimiento, una vez más, del objetivo de déficit marcado por Bruselas. De ahí, precisamente, que la fórmula más eficaz, a la par que beneficiosa, para eliminar dicho agujero consista en recortar los gastos.
Pero es que, además, la anunciada rebaja de impuestos deja mucho que desear. Hacienda habla de un ahorro potencial de hasta 9.000 millones de euros para los contribuyentes, pero éste se producirá de forma escalonada, entre 2015 y 2016, de modo que su total ejecución dependerá, en gran medida, del resultado que arrojen las urnas en las próximas generales. Y lo más grave es que esos 9.000 millones sólo servirán para compensar parcialmente las históricas subidas de impuestos aprobadas por Cristóbal Montoro, y la inmensa mayoría de comunidades autónomas y municipios bajo el actual mandato del PP.
Hacienda reducirá los tramos del IRPF de siete a cinco y rebajará levemente los tipos marginales de este tributo para revertir la histórica subida que aprobaron los populares nada más llegar al poder a finales de 2011. Sin embargo, este tímido alivio no compensará, ni de lejos, las subidas previas acometidas durante la crisis. Además, mantiene incólume la elevada fiscalidad sobre el trabajo (cotizaciones sociales), una de las grandes rémoras para la creación de empleo, elimina buena parte de las deducciones fiscales a las empresas, anulando así la limitada reducción de tipos en el Impuesto de Sociedades, y deja intacto el IVA, subiendo incluso el tipo aplicable en ciertos productos sanitarios en base a lo que estipula la Comisión Europea. Si se analiza en perspectiva, el nuevo plan de Montoro no tiene nada de reforma y, más que rebaja, consiste en un mero placebo fiscal para tratar de contentar a la opinión pública.
Basta señalar dos datos para percatarse del engaño. Los españoles trabajaron de media hasta el pasado 3 de julio, exclusivamente, para pagar impuestos, lo cual supone un récord histórico. Dicho de otro modo, los trabajadores dedicaron un total de 184 días al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con lo que el Estado se embolsa algo más de la mitad de la renta global que generan los españoles a lo largo del año, según el think tank Civismo. En concreto, un trabajador con un sueldo medio de 24.400 euros brutos destinaría 102 días a pagar las cotizaciones a la Seguridad Social, 41 días a pagar el IRPF, 25 el IVA, 11 a impuestos especiales y 5 a otros impuestos.
La cuestión es que, tras la rebaja aprobada este viernes, el Día de la Liberación Fiscal apenas se adelantaría en 9 días, hasta el 24 de junio, trabajando un total de 175 días al año para el Estado. En 2009, cuando el anterior Gobierno socialista comenzó a subir de forma sustancial los impuestos, la citada fecha caía el 9 de mayo, 129 días de trabajo para pagar impuestos, 55 menos que en la actualidad y hasta 46 menos una vez aplicada la particular reforma de Montoro. El esfuerzo fiscal en España se ha disparado entre un máximo del 43% y un mínimo del 36% durante la crisis, protagonizando así una de las cargas tributarias más onerosas de la UE y la OCDE.
Por otro lado, y a pesar de la fuerte caída que ha registrado la recaudación como consecuencia del pinchazo de la burbuja crediticia, el contribuyente ha sido expoliado sin contemplación alguna por la clase gobernante tanto a nivel nacional, como autonómico y local. En concreto, los ingresos del conjunto del sector público han bajado algo más de un 10% durante la crisis, desde los 433.000 millones de euros recaudados en 2007 (41,1% del PIB) a los 386.000 millones de 2013 (37,8%), pero cabe recordar que han desaparecido más de 3 millones de puestos de trabajo y decenas de miles de empresas.
El gran problema que presenta la estrategia fiscal del PP, al igual que la del PSOE, es su profundo error de diagnóstico: pensar que el desplome recaudatorio es coyuntural y no estructural. Así, en lugar de reducir el excesivo gasto público y el sobredimensionado tamaño que alcanzó el Estado al calor de la insostenible burbuja inmobiliaria, ambos partidos apostaron por sangrar a la población, cual sanguijuelas, con tal de minimizar el coste electoral de los impopulares recortes y, de este modo, mantener su privilegiado estatus.
Como consecuencia, las brutales subidas de impuestos sufridas hasta el momento no sólo dificultan el crecimiento y la creación de empleo, sino que tampoco garantizan unos servicios públicos eficaces y de calidad, sin que ello, además, haya eximido al Gobierno de experimentar un fuerte deterioro electoral. En definitiva, un fracaso absoluto que, por desgracia, no se solventará con los ridículos placebos fiscales de Montoro.