La guerra de los hoteleros con los apartamentos destinados al uso turístico da una nueva vuelta de tuerca. Si primero cargaron contra las app de alquiler de pisos a turistas, como Airbnb o Homeaway, ahora, lo hacen contra las que sí cumplen con todos los requisitos que establece la regulación. Por lo menos, eso es lo que está pasando en Barcelona.
Así lo ha denunciado Federatur, la federación catalana que agrupa a las asociaciones de apartamentos turísticos de Gerona, Barcelona y Tarragona. Según ha explicado su presidente, Lluís Torrent, a Libre Mercado, "los hoteleros de Barcelona son los que mueven los hilos en los hoteles de toda España y son los que están detrás de que el Ayuntamiento haya decidido no conceder más licencias a los apartamentos turísticos".
El conflicto se remonta al pasado 30 de abril, cuando el consistorio de la Ciudad Condal anunció que suspendería por un año la expedición de licencias turísticas a los apartamentos de Barcelona y sólo otorgaría nuevos permisos a bloques enteros y no a viviendas situadas en edificios residenciales. El Ayuntamiento justificó está medida por las "numerosas" quejas de los vecinos sobre el comportamiento de los turistas que acudían a este tipo de hospedajes.
"Ahora, el Ayuntamiento de Barcelona nos dice que sólo se han producido 6 quejas en un mes, una cifra insignificante si lo comparas con el resto de actividades. Que a las pensiones y a los albergues que están instalados en los bloques de vecinos sí se les sigan concediendo licencias es sólo una prueba de las muchas que demuestran que el lobby hotelero está detrás de todo esto".
La prohibición afecta a todo el distrito del Eixample y los barrios de Poble Sec, Hostafrancs, Sant Gervasi-Galvany, Putxet-Farró, Vila de Gràcia, Gràcia Nova, Camp de l'Arpa, Poblenou, Diagonal Mar y los entornos del Hospital de Sant Pau, la estación de Sants y el Parque Güell. A esta moratoria, hay que sumar la que está en vigor desde 2011 en el distrito de Ciudad Bella, y que ha implicado que en los últimos años, la oferta de pisos turísticos en esta zona se haya limitado a 614 viviendas.
"En cambio sí se siguen otorgando licencias para abrir hoteles y actualmente hay disponibles en este distrito 17.500 camas de hoteles. No es justo", afirma Torrent. En total, en Barcelona hay 9.700 licencias expedidas para apartamentos turísticos, con más de 40.000 plazas. El presidente de Fenebús se ha referido al perjuicio económico que supone esta limitación para los comerciantes de la zona. "Nuestro perfil de cliente es familiar y las familias suelen cocinar en la vivienda y hacer la compra en los comercios de la zona, que podrían perder a esos clientes potenciales". "Primero, nos presionaron porque decían que nuestra actividad era ilegal y ahora, que ya han conseguido regularnos, no nos quieren dejar operar", denuncia Torrent.
Cada comunidad autónoma española tiene una regulación específica sobre los apartamentos turísticos. Para legalizarlos, Cataluña les exige la redacción y entrega de una declaración responsable sobre su actividad al municipio correspondiente, en la que se les exige criterios como que el dueño esté disponible telefónicamente las 24 horas o ciertos requisitos de habitabilidad. En Barcelona este documento tiene un coste que ronda los 200 euros a los que habría que sumar la tasa que cobra cada ayuntamiento por apartamento.
Multas por no tener licencia
Esta situación supone una completa contradicción si tenemos en cuenta que hace dos semanas la Generalidad de Cataluña impuso una multa de 30.000 euros a Airbnb, el popular portal que permite reservar alojamientos de particulares de todos los países del mundo. La mayoría de las viviendas catalanas inscritas en esta plataforma están en Barcelona.
El motivo no fue otro que la consideración de que esta compañía estadounidense "comercializa apartamentos turísticos de forma ilegal en su territorio y que su actividad supone una competencia desleal" con el resto del sector. ¿Cómo puede multar el Gobierno catalán a una compañía por no tener licencia cuando el propio Ayuntamiento de Barcelona ha decidido dejar de expedirlas?
"Los hoteles no quieren compartir con nadie el pastel del turismo y van a ir a por todo el mundo que ponga en peligro su actividad, hasta que consiga sacarlos del mercado, sea legal o ilegal". Torrent no ha querido extenderse en el caso de la sanción ha Airbnb, sólo se ha limitado a decir que "no están legalizados" y que se ponen "a disposición de cualquier tipo de plataforma que quiera regularizarse".
Pero Barcelona no ha sido la última ciudad en restringir la actividad de los apartamentos turísticos regulados. La semana pasada, la Comunidad de Madrid estableció una normativa imponía una estancia mínima de cinco noches en estas viviendas. "Es una vergüenza que va a vetar el funcionamiento de los apartamentos, porque la estancia media de los turistas en Madrid es de 2 días".
Resulta curioso que, siendo una región que se identifica como abanderada de las políticas liberales, la Comunidad de Madrid sea también una de las que más barreras pone a la actividad de este sector. La autonomía que dirige Ignacio González define las viviendas de uso turístico como alojamientos que se ofrecen al público de forma integral (no por habitaciones), englobadas en una sola categoría. Para empezar a operar, las viviendas deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Turísticas, mostrar una placa distintiva y sus precios tendrán que estar expuestos.
El inicio de la actividad estará sujeto a la presentación de declaración responsable. Las viviendas de uso turístico no podrán utilizarse como residencia permanente y pueden estar en un bloque de pisos con otras viviendas que sí son residenciales.