Más allá de ese vil chascarrillo según el cual al ministro Montoro se le da fatal subir los impuestos, pese a que no ha sabido hacer otra cosa desde que fue encumbrado al poder, la parte probablemente más infame de la entrevista pergeñada por El País es ésa en la que se le pregunta por el aumento de la tributación de las plusvalías sobre la venta de viviendas. A lo que Montoro responde:
En el caso de las plusvalías, que vienen de activos que se tienen desde hace mucho tiempo, lo que se hace es que regímenes que se tienen como transitorios y se quedaron como perennes se superan.
Aquellos ciudadanos que no estén especialmente versados en legislación tributaria es harto dudoso que hayan entendido algo de estas aparentemente inocentes palabras del ministro de Hacienda: "(...) regímenes transitorios que se quedaron como perennes y son finalmente superados". Se refiere, aclaro, a la eliminación de los coeficientes de abatimiento en la reciente reforma tributaria; unos coeficientes que reducen el monto de las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de un activo según el tiempo que éste haya permanecido en el patrimonio del inversor.
La pretendida función de los coeficientes de abatimiento era la de promover el ahorro a largo plazo: cuanto más tiempo hubiéramos mantenido un activo, menores impuestos pagaríamos. Pero en realidad los coeficientes se limitaban a corregir aquellas plusvalías que procedían de la inflación.
Suponga que compra un piso por 100.000 euros, el IPC se dispara al 50%, haciendo subir su piso hasta los 150.000 euros, y posteriormente vende el inmueble. ¿Debería pagar impuestos sobre ganancias patrimoniales de 50.000 euros? Evidentemente no: no es que el inmueble se haya apreciado, sino que la moneda que actúa como unidad de cuenta en el país se ha depreciado. Pagar impuestos sobre la inflación sería tanto como soportar un doble robo (primero la inflación; después el gravamen sobre la plusvalía inflacionista), y toda reforma fiscal que mereciera tal nombre debería incorporar un coeficiente de actualización real de las plusvalías.
Los coeficientes de abatimiento, implantados por Solchaga en 1991, ya fueron eliminados por Montoro en 1996, si bien se mantuvieron como régimen transitorio para los activos adquiridos antes de 1994. Zapatero limitó todavía más su aplicabilidad, al restringirla a las plusvalías generadas hasta el 20 de enero de 2006. Ahora, Montoro ha optado por eliminarlas por entero y con efectos retroactivos.
Pongamos cifras a este atraco para verlo más claramente. Imaginemos una vivienda comprada en 1985 por el equivalente a 50.000 euros que es enajenada en 2015 a cambio de 175.000. El inversor se anotará unas plusvalías nominales de 125.000 euros, a pesar de que el IPC se habrá prácticamente triplicado; es decir, las plusvalías reales no son 125.000, sino sólo 25.000.
Si Montoro no hubiera eliminado los coeficientes de abatimiento, la base de la tributación serían unos 32.500 euros, cifra superior pero no muy alejada de las plusvalías reales obtenidas en ese período (25.000 euros), de modo que los impuestos finalmente pagados ascenderían a poco más de 7.000 euros. Es decir, con coeficientes de abatimiento, el reparto de las plusvalías nominales de 125.000 euros quedaría del siguiente modo: 100.000 euros habrían sido devorados por el Estado a través de la inflación, 7.000 habrían sido arrebatados por el Estado vía impuesto sobre plusvalías y 18.000 permanecerían en el patrimonio del inversor; esto es, un tipo efectivo real del 28% sobre el ahorro.
Dado que Montoro ha eliminado los coeficientes de abatimiento para 2015, la base de tributación no será de 32.500 sino de 108.000 euros, por lo que el pago de impuestos no será de 7.000 sino de 25.500 euros. Dicho de otra forma, el reparto de las plusvalías nominales de 125.000 euros se efectuará del siguiente modo: 100.000 habrán sido devorados por el Estado a través de la inflación, 25.500 serán arrebatados por el Estado vía impuesto de plusvalías y -500 euros se esfumarán del patrimonio del inversor; esto es, un tipo efectivo real del 102% sobre el ahorro.
Se trata, en definitiva, de un (nuevo) atraco a mano armada ejecutado por el ministro de Hacienda que, por desgracia, está pasando absolutamente inadvertido en nuestra sociedad. Un atraco a mano armada frente al que no existe defensa posible por parte del contribuyente (pues tiene un carácter retroactivo) y que ha sido perpetrado con alevosía en una crítica coyuntura, en la que numerosas familias se ven abocadas a enajenar su vivienda o sus activos financieros para poder sobrevivir. El ministro de Hacienda ha decidido expropiar alrededor de una cuarta parte de su patrimonio a aquellos que compraron su casa o sus activos financieros antes de 1994. Un régimen transitorio finalmente superado, dice. La confiscación rediviva. Menos mal que se le da fatal subir impuestos.