La Generalidad multa con 30.000 euros a Airbnb

La Generalidad de Cataluña ha impuesto una multa de 30.000 euros a Airbnb, la plataforma de internet que permite reservar alojamientos de particulares de todo el mundo, por comercializar apartamentos turísticos ilegales en esta comunidad.

Tras una inspección de oficio realizada por el departamento de Empresa y Empleo, el gobierno catalán ha detectado que la empresa estadounidense intermedia entre turistas y propietarios de viviendas que no están inscritas en el Registro de Turismo de Cataluña, según ha avanzado el diario El País y han confirmado a Efe fuentes de esta consejería.

El portal también ofrece habitaciones en domicilios particulares, algo que prohíbe la legislación catalana.

La Generalidad ha considerado la infracción de Airbnb como grave, ya que, a su juicio, su actividad supone una competencia desleal con el resto del sector, por lo que le ha impuesto la sanción máxima, de 30.000 euros.

En caso de que la compañía no retire de inmediato del portal las viviendas que no cumplen la normativa, el Gobierno catalán se plantea iniciar el procedimiento para impedir que se pueda acceder a la plataforma desde Cataluña, para lo que la administración catalana necesitará la colaboración de las operadoras.

Airbnb fue fundada en 2008 en EEUU por el emprendedor Brian Chesky, quien en seis años ha logrado crear un negocio valorado en 2.500 millones de dólares, con 500.000 propiedades disponibles y presencia en 192 países.

El pasado mes de abril, Airbnb anunció la puesta en marcha de un mercado de viviendas específico para Barcelona, así como la apertura de una web en catalán.

La capital catalana se convertía así en la primera ciudad española con una propia "guía de vecindarios" de Airbnb, uniéndose a otras ciudades que cuentan con un mercado de alojamientos propio, como Nueva York, París, Londres, San Francisco, Roma o Boston, entre otras.

La sanción a Airbnb llega días después de que la Generalidad haya exigido a Uber, la aplicación telefónica para el transporte entre particulares, que cese inmediatamente su actividad, y haya advertido que castigaría cada infracción de la normativa de transporte de viajeros con multas de hasta 6.000 euros.